Investigación a todos los contratos recurridos del SAS

El PP anunció ayer que utilizará la lupa para investigar todos los contratos recurridos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sospecha de que existen otros «escandalos» como el que ha propiciado la anulación de la adjudicación del servicio de ambulancias del Hospital de Huércal-Overa en Almería.

La portavoz de Salud del PP en el Parlamento de Andalucía, Catalina García, ha anunciado que su Grupo pedirá explicaciones a la Consejería y llevará a la Cámara Autonómica un bloque de iniciativas para esclarecer «qué está ocurriendo» con la adjudicación de contratos del SAS a empresas, después de conocerse la sentencia de la Sala del Contencioso Admninistrativo del TSJA que condena al SAS al pago de 600.000 euros por la adjudicación irregular del servicio de transporte de ambulancias en Huércal-Overa, de la que informó ABC el pasado sábado.

García denunció la «pésima gestión» del gobierno andaluz en los contratos sanitarios, que «están en el centro de la polémica» desde el inicio de la legislatura, y criticó la «inseguridad jurídica» que esto genera para las empresas concurrentes. «Es inadmisible que el gobierno de Díaz gestione con tantas sombras y con tanta ligereza un presupuesto de casi 9.000 millones de euros, que dota de financiación a las políticas más importantes para la sociedad, las de Salud», añadió la diputada popular quien recordó que la Cámara de Cuentas ha alertado de la «falta de transparencia» de la Consejería de Salud sobre su política de contrataciones, de la que no da explicaciones a pesar de que el Servicio Andaluz de Salud”, que, recordó, «es el departamento de la administración autonómica que más contratos externos gestiona».

Recordó que el PP aún espera explicaciones sobre la adjudicación de múltiples contratos, a través de procedimiento negociado y sin publicidad, a la empresa a la que está vinculada el hermano del ex gerente del SAS.

El caso del servicio de transporte de ambulancias de la provincia de Almería no es aislado, ya que la Justicia está investigando el «megacontrato» de 236 millones de euros para el servicio integral de transporte sanitario en Málaga y Sevilla.