Caso Umax
La defensa de Guerrero ve «imposible» la creación de una red paralela de trabajadores en Empleo
El abogado acusa a la Junta de Andalucía de «enriquecimiento injusto» por no pagar a la empresa contratada para realizar servicios externos en la Consejería
La defensa del que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía desde 1999 hasta 2008, Francisco Javier Guerrero , asegura que es "imposible" crear una organización administrativa paralela en la Consejería de Empleo , negando por tanto la acusación realizada por la representación procesal de la Junta de Andalucía en el informe final expuesto ayer en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra Guerrero, otros cinco ex altos cargos del Gobierno andaluz y el dueño de la empresa Umax por la contratación entre los años 2003 y 2010 de trabajadores de esta sociedad para que realizaran tareas correspondientes al personal funcionario en distintas sedes del departamento andaluz de Empleo.
Rafael Ramírez , abogado de Guerrero, ha expuesto este miércoles su informe final ante el tribunal, rechazando la acusación vertida por la Junta de que los contratos «simulados» acordados entre Umax y la Consejería de Empleo en el citado periodo temporal, en concreto con Guerrero y su sucesor Juan Márquez , tenía entre sus finalidades la de crear «una estructura administrativa paralela» en este departamento del Gobierno andaluz .
Lo que se hizo en la Dirección General de Trabajo, a juicio del letrado defensor de Guerrero , es «externalizar servicios», no una red paralela para hacer tareas de funcionarios. «No se contrató a personal externo, sino a empresas privadas que, bajo su criterio, contrataron a empleados", ha precisado el abogado.
Estos trabajadores de Umax que desarrollaban sus funciones en distintas sedes de la Consejería de Empleo , tras ser cesados en 2010 fueron contratados por la extinta Fundación Faffe , de manera "irregular", según la Fiscalía . "Lo que ocurriese años después con estos trabajadores, con las puertas giratorias", no corresponde al periodo en el que Guerrero fue director general de Trabajo.
Ninguno de los trabajadores contratados eran familiares de Guerrero, según el abogado. Más bien, algunos lo conocían por ser alcalde de El Pedroso. «Parece que ser de este pueblo es un delito», ha lamentado.
Cabe recordar que en este procedimiento, la Sección Tercera juzga a Guerrero , Márquez , su sucesor en el cargo, Daniel Rivera ; dos ex secretarios generales técnicos de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina ; y el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado , por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por los pagos realizados en el periodo temporal indicado por Empleo a esta sociedad por la contratación de 44 trabajadores que desarrollaron tareas en distintas sedes de la Consejería.
Se busca condenar a Guerrero no aclarar los hechos
Esta causa tiene su origen en la reclamación que entre los años 2011 y 2012 hizo Cuadrado a la Junta de una cantidad de 1,5 millones de euros adeudada por los servicios prestados por sus trabajadores entre 2007 y 2010, si bien entre la documentación presentada en la reclamación no figuraba un contrato por escrito de esa relación laboral. En este sentido, el dueño de Umax en su declaración reconoció que no existía contrato escrito alguno, por lo que para la Fiscalía la adjudicación verbal de esos contratos es «nula de pleno derecho».
En este sentido, la defensa de Guerrero , que se enfrenta a una petición de once años de cárcel, ha acusado a la Junta de no perseguir el delito y al delicuente, sino de «evitar pagar la deuda con Umax», por lo que se puede hablar, según el abogado, de «enriquecimiento injusto» por parte del Gobierno andaluz .
Este procedimiento «se ha orientado» no para aclarar los hechos, sino para «condenar a Guerrero» , acusado «por los medios y la Fiscalía Anticorrupción como el principal acusado del caso ERE », ha criticado su defensa.
Otra de las «deficiencias» apuntadas por el abogado de Guerrero , que ha insistido en la inconcreción de las acusaciones que genera indefensión , es la ausencia en el banquillo de los acusados de otros ex altos cargos de la Junta de Andalucía o el socio de Ulpiano Cuadrado .
De otro lado, ha rechazado el concierto o acuerdo del que hablan las acusaciones entre los acusados para facilitar la contratación de Umax, «una acusación grave de la que no hay una sola prueba». Además ha defendido que durante la época de Guerrero las facturas por los trabajos de esta empresa estaban fiscalizadas. «Todo desde la más absoluta legalidad».
«Qué resolución arbitraria firmó para ser prevaricación» se ha preguntado el abogado, descartando igualmente que Guerrero pagara a Umax o falseara documentación alguna.
Daniel Rivera y Julio César
«Llegó, vio y venció». Así ha definido la actuación del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera en los hechos juzgados su defensa, comparándolo con el general romano Julio César . «A su llegada en 2010 al cargo puso fin a la situación irregular de estos trabajadores y motivó con el entonces viceconsejero de Empeo Justo Mañas y la ex secretaria general técnica de Empleo y acusada Lourdes Medina que la Dirección General de Trabajo pudiera seguir subsistiendo», ha explicado el abogado en su informe final.
Rivera , al que solamente acusa la Fiscalía, que pide para él una petición de prisión de diez años, ha defendido la contratación de los trabajadores de Umax expulsados de la Dirección General de Trabajo por Faffe , frente a las contrataciones «irregulares» de los mismos a través de la empresa de Cuadrado . «Cuando la raíz está viciada, el árbol crece viciado», ha afirmado el abogado, para quien Rivera está sentado entre los acusados por su «buena fe».
La sesión de este miércoles del juicio, que ha quedado visto para sentencia, también ha contado con los informes finales del empresario y de Lourdes Medina y Javier Aguado.
El abogado del dueño de Umax ha criticado la instrucción «viciada a golpe de intuiciones policiales y con una serie de mantras que han intentado convertir en verdades». Las contrataciones con esta empresa fueron más baratas que con una empresa de empleo temporal, siendo «rentable» para la Junta de Andalucía , según la defensa de Cuadrado, que ha pedido la libre absolución para su cliente y condenar en costas a la acusación del Gobierno andaluz .
Por último, la defensa de Cuadrado ha restado importancia a la acusación de una red paralela creada con los trabajadores de Umax, que entre marzo y abril de 2007 tuvo a 30 trabajadores en Empleo, el número máximo, por ello ha cuestionado que se hable de administración paralela con tres decenas de empleados por «los 30.000 trabajadores que mantiene la Junta de Andalucía ".
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