Política
El directivo del Ayuntamiento de Málaga acusado de cobrar mordidas también asesoraba a empresas sin permiso
PP y Ciudadanos han votado este lunes en contra de una comisión de investigación del caso que afecta al exdirector económico de Promálaga, Francisco Muñoz, y a su mujer
El director económico de la empresa municipal de Málaga investigado por supuestas mordidas a empresas proveedoras por las que recibía el 10 por ciento de los contratos realizados desde la empresa pública fue despedido por el Ayuntamiento por irresponsabilidades a nivel laboral derivadas de las actuaciones penales . En una comparecencia ante los medios de comunicación para detallar la cronología de los acontecimientos, el gerente de la empresa, Francisco Salas, ha explicado que fue cesado por «quebranto de la buena fe contractual y abuso de confianza» .
Según Salas, Francisco Muñoz realizó labores de asesoramiento empresarial, lo que suponía una extralimitación de sus funciones como director económico y, además, se ausentaba de su puesto de trabajo por motivos relacionados con el envío de estas facturas. A lo que se suma -ha señalado el gerente- «el hecho de estar implicado en un presunto delito de cohecho y no comunicarlo a la empresa».
La declaración de Salas se producía media hora después de que tuviera lugar una comisión de Economía en la que PP y Ciudadanos han votado en contra de una comisión de investigación sobre el asunto, que desde la oposición consideran necesaria para «poner luz y taquígrafos en este caso 10% para depurar responsabilidades políticas». El concejal del PSOE, Mariano Ruiz, ha acusado al equipo de Gobierno de «querer zanjar este caso de cohecho y blanqueo de capitales con una intervención de tres minutos del gerente, Francisco Salas, con las preguntas que sólo propone el grupo del PP».
Precisamente, en la comparecencia Salas se ha escudado en la necesidad de respetar la causa judicial abierta y ha defendido que, al margen del caso que afecta a su exdirector económico, Promálaga no tiene ninguna causa abierta que indique que sus procedimientos tengan anomalías. Ha asegurado que las actuaciones de la empresa han sido correctas y que no existe ninguna irregularidad.
La investigación del caso comenzó en 2017 a raíz de la denuncia de un empresario al que se le retiraron las licitaciones con la empresa municipal tras negarse a pagar dichas mordidas. Tras ponerlo en conocimiento de la Policía, el gerente, Francisco Salas, y el vicepresidente de Promálaga fueron llamados para prestar declaración formal de los hechos y se les instó a «no realizar ningún cambio ni alteración en las funciones ni relaciones» con las personas implicadas -Muñoz y su pareja- «que pudieran afectar negativamente al curso de la investigación».
Cumpliendo con esa petición, Salas tuvo que actuar con normalidad durante dos años y medio aun teniendo conocimiento de la investigación que pesaba sobre su exdirector económico. Una situación que se mantuvo hasta julio de este mismo año, tras finalizar la investigación de la Policía y abrirse un procedimiento penal.
Entre las explicaciones del gerente, que está citado para declarar ante el juez el próximo 13 de noviembre, ha llamado la atención el hecho de el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que preside el consejo de administración de Promálaga, no tuvo conocimiento de la existencia de una causa penal contra Muñoz hasta el 16 de septiembre , es decir, diez días antes de su despido, el 26 de septiembre. Sin embargo, Salas ha aclarado que el por entonces vicepresidente, Mario Cortés, también estaba al tanto de lo que ocurría y que cree que él sí informó al regidor.
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