Los condenados por el saqueo de Marbella salen de prisión mientras la ciudad paga sus tropelías

El 4 de octubre de 2013 se hacían públicas las sentencias del «caso Malaya». Sólo Juan Antonio Roca, considerado junto a Jesús Gil el cerebro de todo cuanto aconteció en el Consistorio marbellí desde 1991 a 2006, sigue en prisión. El resto de los condenados ya no están entre rejas. Los principales protagonistas de la corrupción en Marbella han conseguido permisos penitenciarios, el tercer grado o retrasar su infreso en prisión. Las estancias en la cárcel han estado por debajo de lo que dictaban los autos de condena, de lo que revisó el Supremo y, por su puesto, muy por debajo de lo que se solicitaba desde la Fiscalía. Pese a este hecho y a que los penados gozan de una vida fuera de la prisión en la actualidad, Marbella sigue pagando, a día de hoy, los desmanes que cometieron para lucrarse y que dejaron a la ciudad en quiebra.

En un leve repaso a las decisiones judiciales, se observa que Juan Antonio Roca estará un máximo de 20 años en prisión por la acumulación de condenas. Esto cuando aún le quedan, al menos 110 juicios pendientes por sus actuaciones al frente de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad. En las últimas semanas también se ha conocido la petición de su primer permiso penitenciario, concedido en un primer momento y recurrido por Anticorrupción al no haber abonado los 61 millones de euros que debe devolver a Marbella. Pese a estos episodios, Juan Antonio Roca y José María del Nido son los únicos que siguen entre rejas. Diferente es el caso de Marisol Yagüe, que ingresó para cumplir su condena en enero de este año restrasando el cumplimiento de su pena casi tres años. 

Los casos más mediáticos han sido los de Isabel Pantoja y Julián Muñoz. El ex alcalde está en Algeciras con el tercer grado por «enfermedad muy grave con procedimiento incurable», pese a que en hace dos semana ha vuelto a ser condenado a un año de prisión por el «caso Goldfinger», sobre los apartamentos en los terrenos de la mansión de Sean Connery. Julián Muñoz entró en prisión por primera vez en 2006 y salió una década después, pese a los casi 80 juicios que tiene todavía pendientes. Por su parte, la que fuera su pareja hasta 2009, Isabel Pantoja entró en prisión el pasado 21 de noviembre de 2014 para cumplir dos años de cárcel – que ya han expirado– por blanqueo de capitales. Finalmente, tras varios permisos y alguna visita al hospital, Isabel Pantoja recibía el tercer grado para poder abandonar la prisión un año después del ingreso. Dentro del mismo «caso Blanqueo» cayó Maite Zaldívar, ex mujer de Julián Muñoz, que consiguió en agosto el tercer grado gracias a un contrato para ser canguro de su nieta, tras cumplir 22 meses de prisión sobre una condena de dos años y medio.

Unas penas y libertades que se contrarrestan con la deuda que generaron sus actuaciones en la ciudad. Marbella entró en quiebra y se quedó sin gobierno. Diez años después de la disolución del Consistorio no se sabe el alcance de lo que deberá pagar el municipio en los próximos años, puesto que los juicios pendientes pueden conllevar nuevas indemnizaciones millonarias, como en el caso de las gasolineras ilegales o las de los promotores afectados por las decisiones urbanísticas en aquellos años.

Los corruptos, con una vida de lujo, no tenían dinero para pagar la Seguridad Social de los trabajadores municipales. Cuando todo se derrumbó en 2006, el Consistorio tuvo que negociar con el Ministerio de Hacienda una fórmula para el pago de esos seguros. La deuda, que rondaba los 280 millones de euros, tendrá empeñada a la ciudad durante los próximos 40 años. Pero no es lo único. Para hacer frente al gasto ordinario municipal, la Junta de Andalucía prestó 100 millones de euros al Consistorio a devolver en diez años, con prórroga de otros diez que se negoció con posterioridad. Hasta el momento quedan por sufragar alrededor de 70 millones de este débito. Por último, y a la espera de que puedan surgir nuevos sobresaltos económicos, el Ayuntamiento está cumpliendo con el pago a proveedores. La ciudad va a pagar este año 50 millones euros para librarse del préstamo que le hizo Hacienda en base al Plan de Proveedores del Gobierno Central.