Los tribunales de Jaén desactivan tres escándalos políticos

La justicia ha desactivado tres escándalos políticos en el último trimestre. Con el archivo del caso Permuta decretado ahora por la Audiencia Provincial queda exonerado de responsabilidad penal el concejal del Ayuntamiento de Jaén y portavoz del PP en la Diputación, Miguel Contreras. Tampoco han prosperado las acciones contra el delegado territorial de empleo de la Junta de Andalucía, Antonio de la Torre, y contra el portavoz del grupo socialista en el consistorio de la capital, Manuel Fernández.

Las resoluciones judiciales avalan la decisión de los tres investigados de seguir al frente de sus respectivas áreas de gestión, a pesar de que tanto externa como internamente se les ha exigido o sugerido que renunciaran a sus cargos.

No obstante, también han tenido defensores durante el tiempo en que han sido investigados por la justicia. En el caso de Miguel Contreras, recibió el respaldo del presidente provincial del PP y actual secretario de estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, quien resaltó el recto proceder del concejal, ratificado ahora por la sección segunda de la Audiencia.

El tribunal ha confirmado el archivo decretado por la titular del juzgado de instrucción número 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, quien no apreció indicios de infracción penal en la permuta de una parcela de titularidad municipal por un local utilizado por una asociación de vecinos. La Audiencia rechaza de este modo el recurso interpuesto por el PSOE, cuyo secretario local y portavoz municipal, Manuel Fernández, también ha quedado libre de responsabilidad en la causa abierta contra él tras una denuncia del equipo de gobierno popular, que le acusaba de haber utilizado datos falsos para generar alarma social al hacer público un informe que revelaba la supuesta contaminación de fuentes públicas de Jaén.

La utilización partidista de los tres casos sobreseídos ha sido manifiesta. La simple apertura de las investigaciones, aunque apuntaladas en el trabajo previo de la fiscalía y de la policía nacional, ha desencadenado críticas de dirigentes políticos a los investigados, que no se han traducido en disculpas cuando los tribunales han decidido archivar las causas al no apreciar delito en la gestión de los dirigentes.