Urubanismo
¿Qué ocurre ahora tras el parón judicial del proyecto de las torres de Punta Umbría?
UPU anuncia que pedirá la ejecución provisional de la sentencia si el Ayuntamiento recurre y la responsabildiad patrimonial de los concejales que aprobaron el proyecto
¿Y ahora, qué?. La pregunta recorre Punta Umbría después del parón por orden judicial del residencial William Martin , el proyecto de construcción de las dos torres de 19 plantas de altura en la avenida Ciudad de Huelva del municipio, entre los viejos depósitos de agua (que ya han comenzado a demolerse) y el cuartel de la Guardia Civil.
A la espera de que el Ayuntamiento informe sobre si recurrirá o no la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA ), desde la oposición, el grupo de Unidos por Punta Umbría (UPU), cuyo portavoz José Carlos Hernández Cansino , está detrás del recurso que ha anulado la venta de los terrenos, se anuncian las primeras medidas.
«Es la crónica de una muerte anunciada. Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas».
En una comparecencia para valorar las consecuencias del fallo judicial que se conoció ayer, Hernández Cansino ha lanzado un doble mensaje: las obras que se están llevando a cabo en las parcelas (la demolición de los depósitos) deben pararse de inmediato (se evita así generar más gastos) y, dos, a partir de ahora hay que consensuar el desarrollo urbanístico en ese lugar.
En el supuesto de que el Ayuntamiento costero decida recurrir ante el Alto Tribunal andaluz, el portavoz de UPU ha anunciado que pedirá la ejecución provisional de la sentencia . Al margen de que dé el paso ante los tribunales, ha considerado que la alcaldesa, Aurora Águedo , « debe parar todo», tanto desde el punto de vista administrativo como material. «No es de recibo que las máquinas hoy singan trabajando en la zona. Es pura prudencia que la alcaldesa tome cartas en el asunto y pare», medida con la que además no se generarán más gastos.
En una fase posterior, el grupo UPU considera que deben delimitarse las responsabilidades que este procedimiento lleva parejo. En el caso de que se generen daños a la empresa o indemnizaciones, « los que votaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos, tendrán que pagar con su patrimonio personal ».
En paralelo ha situado las responsabilidades políticas, «que ya existen ha dicho». «Vamos a esperar a que la sentencia sea firme para pedir la dimisión de quienes decidieron y aprobaron el proyecto».
Según Hernández Cansino, a fecha de hoy, no se han generado motivos para indemnizar a la empresa, que –ha matizado- «desde el primer momento era conocedora del procedimiento judicial», por lo que habría que devolverle el importe de la operación de compra (3,8 millones ) y los gastos de ejecución (por las obras de demolición realizadas y las que se llevaron a cabo en la red de suministro de agua).
«Es el momento de rectificar -ha dicho al equipo de gobierno-, es el momento de hacer una pensada entre todos y consensuar lo que queremos para el desarrollo turístico y sostenible de Punta Umbría».
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