TRIBUNALES
A juicio por fraude tras cobrar durante 20 años la pensión de su padre fallecido en Huelva
La acusada se enfrenta a una condena de casi cinco años de cárcel y multa de 300.000 euros, además de indemnizar al INSS en la cantidad defraudada
Una vecina de Huelva será enjuiciada en la Audiencia Provincial por un delito de fraude en las prestaciones por haber estado cobrando durant e 20 años la pensión de su padre muerto , cuyo fallecimiento no comunicó ni al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ni a la entidad bancaria en la que cobraba la pensión.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la muerte de este hombre se produjo en el 17 de junio de 1996, y durante dos décadas se continuó ingresando el dinero de la pensión en la cuenta bancaria del fallecido, en la que la hija era cotitular, ascendiendo a una suma en este tiempo superior a los 134.000 euros .
La situación fue descubierta por el INSS al realizar un control sobre pensionistas con fechas de supervivencia incoherentes, y una vez confirmado el fallecimiento por la correspondiente certificación de la partida de fallecimiento remitida por el Registro Civil, el INSS cursó la baja de la pensión de A. A. F. en septiembre de 2016 y a comunicar a la entidad Caixabank el deceso.
Meses después, la hija recibió el oficio del INSS en el que le comunicaba la correspondiente reclamación administrativa relativa a los hechos y se le informaba de que disponía de un plazo de 15 días para efectuar el ingreso de las pensiones indebidamente percibidas o para realizar alegaciones, sin que la acusada realizara ninguna de las dos cosas.
Según la acusación pública, ni la entidad financiera El Monte Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla ni la entidad La Caixa o Caixabank -que absorbió a la primera en enero de 2013-, comunicaron en ningún momento al Instituto Nacional de la Seguridad Social el fallecimiento ni realizaron ninguna actuación anual de comprobación de la pervivencia del mismo, lo que supone una infracción de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social.
La Fiscalía reclama una pena de 4 años y 10 meses de prisión y multa de 300.000 euros , quedando sujeta, en caso de impago, a la responsabilidad personal subsidiaria de 60 días, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 6 años, así como las costas.
Además, la acusada deberá indemnizará al INSS en la cuantía de 101.279,21euros por las pensiones satisfechas y aún no reintegradas, cantidad de la cual también responderá la entidad Caixabank como responsable civil subsidiario.
El juicio se celebrará el próximo 6 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva.
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