Un juez de Huelva niega a la Junta ser parte perjudicada y confirma «su absoluta falta de control»

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación, confirma la participación de la Junta de Andalucía en el procedimiento como responsable civil subsidiaria, tras desestimar el recurso de reforma interpuesto por la Administración andaluza para estar como parte perjudicada.

«Los perjudicados son especialmente las personas desempleadas que eran los destinatarios directos de los cursos de formación, ya que estas subvenciones estaban siendo gestionadas por la Junta de Andalucía relativas a Programas de Formación para el Empleo», señala el instructor, Javier Romero, en su ultimo auto

El juez subraya que la actuación de la Junta ha sido de una absoluta falta de control en todas las fases del procedimiento de otorgamiento de las subvenciones al consdiderar que es «responsable por acción u omisión del despilfarro de este dinero, no pueda aparecer en la presente causa como perjudicada».

Del mismo modo, incide en que «se observa que la actuación de la Junta de Andalucía ha sido de una absoluta falta de control en todas las fases del procedimiento de otorgamiento de las subvenciones».

Entre algunas de las irregularidades cita la concesión de las subvenciones a entidades y empresas que no cumplían los requisitos de homologación necesarios para obtenerlas; otras que no cumplían los requisitos legales porque tenían deudas con la Seguridad Social; empresas que recibían subvenciones pese a no haber justificado el dinero recibido en una subvención anterior o la concesión de subvenciones a empresas que no tenían su sede en Huelva, entre otras muchas.

«Paquetes de folios por 50 euros»

También observa «una inadecuada supervisión de la justificación de los cursos, otorgando su aprobación a cursos que contenían facturas totalmente irreales y que no hubiesen pasado un control mínimo», como por ejemplo, «paquetes de folios al precio de 50 euros la unidad, facturas de miles de euros por especias como colorante alimenticio y orégano, o nóminas de profesores o tutores que los alumnos no conocían y han manifestado no haber impartido módulo alguno en el curso».

A pesar de todas estas irregularidades, la Junta de Andalucía, a través de sus empleados, han otorgado, aprobado y abonado dichas subvenciones, según remarca el juez y, pese a ello, «se pretende ahora calificar a la misma como perjudicada, cuando realmente los perjudicados han sido las personas desempleadas que, pese a su precaria situación, se han apuntado a cursos con la esperanza y expectativa creada por la Junta de Andalucía para la obtención de un puesto de trabajo, muchas veces con la exigencia de desembolsos por parte de los alumnos de gastos de desplazamiento, para conciliación de la vida familiar, con especial esfuerzo cuando se ha tratado de discapacitados».