Tribunales
Caso Laura Luelmo: la intimidad se impone a la información
Hablan juristas, víctimas y prensa sobre las repercusiones futuras del apagón informativo en el juicio que se ha celebrado esta semana contra Bernando Montoya
Con Bernardo Montoya declarado culpable del secuestro, agresión sexual y asesinato de Laura Luelmo ( diciembre de 2018 en El Campillo ) por un jurado popular, el cerrojazo del juicio a público y medios de comunicación por decisión del presidente del tribunal, Florentino G. Ruiz Yamuza, ha desatado una oleada de adhesiones y rechazos al apagón informativo.
En la causa por el crimen de Laura Luelmo, que se ha cobrado el procesamiento de dos periodistas por informar del caso, en el conflicto entre dos derechos fundamentales, la intimidad ha ido ganando terreno y ha acabado por imponerse al derecho a la información en el juicio oral, para sorpresa del mismo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tenía cerrado desde semanas antes la organización y los medios para la cobertura informativa de la vista.
Tras la petición de la familia Luelmo y oídas las partes – incluida la renuncia de Montoya a una vista pública-, el magistrado Ruiz Yamuza justifica el cierre del juicio en su auto en base a «la protección del derecho a la memoria e intimidad de las víctimas, a fin de evitar a las mismas una victimización secundaria».
El debate se ha reactivado entre juristas y medios de comunicación y ha llegado a las mismas víctimas.
Partiendo de que «ningún derecho fundamental tiene carácter absoluto», la responsable del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Huelva, la doctora María Nieves Saldaña , considera que el auto dictado por el magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva «está motivado», aunque advierte ausencia de perspectiva de género en el mismo, y manifiesta que le ha sorprendido por la amplia jurisprudencia que refiere (tres páginas) tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Constitución, la Ley del Estatuto de la Víctima y otra legislación en vigor.
«Es un caso muy excepcional» . Saldaña ve argumentado el cierre del juicio en el auto y destaca la victimización segundaria, ya que además de que la familia tenga que revivir lo ocurrido, en la vista oral se asiste a aspectos muy íntimos que producen daño y que, trasladados a los medios de comunicación «es aún mayor, es una victimización continua, permanente».
Sin embargo, a juicio de la experta, el auto «no es totalmente satisfactorio» al considerar que «hay que conjugar los dos derechos, buscar algún mecanismo para que no ceda totalmente el derecho a la información».
En este aspecto, cree que «no está suficientemente resuelto el marco jurídico», para que el ejercicio del derecho a la información no menoscabe el de las víctimas especialmente vulnerables.
La Fiscalía de Huelva , que apoyó la petición de la familia Luelmo de cerrar la vista, incide en que «la protección que da el Estatuto de la Víctima a casos de este tipo avalaba la posibilidad» del desarrollo a puerta cerrada, y señala a ABC que «la más que previsible publicación de detalles de la intimidad de la víctima y la repetición y consiguiente aumento del daño a sus familiares con dichas publicaciones amparó dicha postura». En relación a la posición de la acusación pública respecto a otros casos, el Ministerio Fiscal añade que «cada procedimiento tiene sus características y connotaciones propias».
La victimización secundaria la conoce en piel propia Marianela Olmedo . En abril de 2013, su ex marido y su hija de ocho años fueron asesinados (a puñaladas) en su propia casa. Los crímenes siguen a fecha de hoy impunes aunque ya tuvo que pasar por un juicio (2017), en el que el entonces acusado quedó absuelto. «Yo pedí unas cosas y no se me concedieron, es injusto…». «Entiendo que es vuestro trabajo – nos dice- pero para mí todo es mucho dolor, estoy agotada de sufrir y necesito descansar».
Ruth Ortiz , víctima de violencia vicaria , a la que su ex marido le arrancó la vida de sus dos hijos, Ruth y José, no llegó a pedir en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Córdoba que fuera a puerta cerrada. Para su representación legal, que ejerció la abogada Reposo Carrero, primó la información, teniendo en cuenta además el apoyo que prestaron los medios de comunicación.
Desde Huelva hasta Madrid, la prensa rechaza el cerrojazo y estudia la posibilidad de recurso o amparo. La Asociación de la Prensa de Huelva, el Colegio de Periodistas de Andalucía y su demarcación en Huelva, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos(Acijur), consideran la decisión una «grave afrenta» a los principios del papel de garante democrático de la profesión periodística por lo que «se le hurta a la ciudadanía su derecho a la información en un caso que escandalizó a toda la sociedad española».
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