Bernardo Montoya, asesino confeso de Laura Luelmo, seguirá en prisión

El acusado por la muerte de la joven profesora había puesto en duda la validez de sus declaraciones, al no quedar registradas por el fallo de un cable

Bernardo Montoya ABC

S. A.

Bernardo Montoya , actualmente en prisión investigado por la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo en diciembre de 2018 en la localidad de El Campillo (Huelva), no recurrirá la negativa de la jueza instructora de concederle la libertad provisional.

En declaraciones a Efe, su abogado, Miguel Rivera , ha señalado que desde el momento en que se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) dicha petición «tenía claro que si se rechazaba no lo iba a recurrir».

Dicha solicitud se sustentaba, principalmente, en el hecho de que no se grabó el audio de la primera declaración de Montoya en sede judicial, la posterior a su detención en la que se autoinculpaba de los hechos, debido a que no se conectó al sistema el cable necesario para ello.

Se contaba, por tanto, solo con las transcripciones, cuya validez cuestionaba esta defensa, si bien la juez dejó claro en un auto conocido la semana pasada que la declaración del investigado donde confesó la autoría de los hechos «está válidamente documentada en soporte escrito».

Añadía la instructora que ese documento «no constituye una transcripción del contenido audiovisual » sino una redacción por escrito efectuada «en el mismo momento en el que el investigado declaraba que quedó convenientemente unida a la causa el mismo día de su práctica», estando así revestida de fe pública judicial.

«Sabía de antemano que era difícil que la solicitud de libertad provisional prosperara», ha indicado Rivera, quien ha incidido que, por ello, «ni la recurrirá ahora ni habían pensado recurrirla en caso de ser negativa» .

De esta forma, el auto dictado el día 21 de mayo por la jueza instructora deviene firme y se mantiene la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza que fue adoptada el 22 de diciembre de 2018 por presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato.

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