La prioridad de Recursos Humanos sobre el Consorcio de Turismo: cumplir la ley

El marco legal. He ahí la cuestión. El último informe de Recursos Humanos sobre el proceso de liquidación del Consorcio de Turismo y el futuro de sus empleados recoge tesis muy similares a las ya esgrimidas por la Intervención General del Ayuntamiento en febrero de 2015. Por aquel entonces, tres trabajadoras del Consorcio pedían ser reconocidas como indefinidas y la interventora tumbó sus argumentos basando su defensa en que el margo legal que determina la selección de personal público debía cumplir «los principios constitucionales de publicidad, concurrencia, igualdad, no discriminación, mérito y capacidad». La jurisprudencia, avisa, a partir de una sentencia de 1996, impide equiparar al personal laboral a los trabajadores fijos de plantilla, ligada a la contratación por procedimiento reglamentario.

Ahora, justo cuando la Intervención no ve problemas para que la veintena de trabajadores del Consorcio pasen a la plantilla municipal, es el informe de Recursos Humanos el que rescata la advertencia y pide que se regularice la situacion de los empleados «conforme a los principios y normativa de acceso al sector público». De hecho, advierten de que el Ayuntamiento no puede «convalidar» situaciones irregulares mediante la cesión de activos. Ya en mayo emitió un informe que señalaba que los trabajadores del Consorcio no habían superado los procesos selectivos necesarios para convertirse en personal fijo o indefinido.

Los trabajadores del Consorcio son personal laboral que presta (más bien prestaba) sus servicios a una entidad dependiente del

Ayuntamiento. Una cuestión formal, un limbo jurídico, que dificulta ahora su integración a la plantilla de funcionarios. Además, Recursos Humanos advierte de las consecuencias económicas que podría tener esta decisión si se aplicara el convenio colectivo del personal del Ayuntamiento: una subida de sueldo del 48 por ciento a los «nuevos» trabajadores con respecto al sueldo del Consorcio. Este gasto adicional podría tener un impacto en las cuentas municipales.

«Consentir una irregularidad»

Las dudas sobre la aplicación del convenio colectivo del Ayuntamiento a los trabajadores del Consorcio no son nuevas y ya motivaron que la disolución del ente no se discutiera en el Pleno de junio, tal y como estaba previsto, ni al primero de los celebrados en julio, a la espera del informe de Personal. El secretario del Pleno urgió a buscar una solución al asunto recogiendo las advertencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ya tiró de las orejas al Ayuntamiento por «consentir y mantener una irregularidad» que podría tener consecuencias para la Administración. Esa es también la tesis que mantiene el grupo municipal del PP. Su viceportavoz, Salvador Fuentes, advirtió ayer además de que no encontrarle solución podría suponer un caso de prevaricación por omisión de las advertencias técnicas. Sin embargo, desde Recursos Humanos se aconseja esperar a conocer la decisión de la comisión que valora los aspectos jurídicos, financieros y técnicos sobre el futuro del Consorcio antes de proceder a su disolución definitiva.

Una de las posibles soluciones que se plantean es que el personal se integre en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) previo proceso de cambio de estatutos. El primer teniente de alcalde de Turismo, Pedro García (IU), que ya manifestó su deseo de se integraran en el Ayuntamiento «sí o sí», estuvo ayer de acuerdo con adoptar esta solución siempre y cuando sea «transitoria». Su intención es que la disolución del Consorcio se pueda llevar al Pleno de finales de julio y crear un nuevo ente turístico que asumirá a los 23 trabajadores. La fórmula aún está en el aire.