El PP ve un «escándalo» los dos contratos a dedo en la Oficina de la Vivienda

El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, y la concejal de este mismo partido María Jesús Botella han criticado hoy que la contratación «a dedo» por el Consistirio de dos abogadas para el servicio jurídico de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda. Respecto a estas incorporaciones, reveladas por ABC Córdoba, los populares quieren que la situación «se aclare y se cese a estas personas», así como que se establezca un convenio con el Colegio de Abogados para este servicio.

En una rueda de prensa, Fuentes ha defendido que hay un servicio del que dispone dicho Colegio, que «cuenta con magníficos abogados y mucho más eficaces y eficientes», si bien ha lamentado que «se vuelve a la externalización de servicios con personas afines, sin dar la posibilidad a otros que puedan acceder al puesto», al tiempo que «supone un sobrecoste», ha advertido.

Hay que recordar que la Concejalía de Servicios Sociales, en la que se encuadra la Oficina de la Vivienda y que está en manos de IU, contrató de forma directa a dos abogadas del equipo legal de Stop Desahucios.

Por su parte, Botella ha subrayado que «es un escándalo este asunto» porque en estas contrataciones, que «se han hecho por decreto del concejal de Servicios Sociales [Rafael del Castillo], ha habido falta de transparencia total». La edil popular ha dicho que no cuestiona «su preparación», pero, según ha agregado, son «personas que están en el entorno de STOP Desahucios, la Plataforma 15M, Ganemos [socio en la sombra del bipartito municipal] e IU». El decreto firmado por el citado edil asignó una partida de 2.479 euros más IVA (520 euros) a cada letrada para desarrollar esta actividad entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2015. Fuentes municipales señalaron que el servicio no ha sido prorrogado aunque reconocieron colaboraciones de carácter «puntual».

Por ello, Botella ha manifestado que «una cosa es un buscar un servicio de asesoramiento jurídico riguroso, técnico y experto en la materia hipotecaria, y otra cosa es contratar a personas que tienen una serie de circunstancias políticas muy similares a las de quienes llevan la Oficina».

A su juicio, «esto supone privatizar el servicio de asesoría jurídica de la Oficina, porque es un coste de manera innecesaria», teniendo en cuenta que «el Colegio de Abogados de Córdoba tiene un turno de oficio específico con 20 letrados para cuestiones relacionadas con materia hipotecaria». De ahí, que haya pedido a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que «ponga orden y no deje que la Oficina se convierta en un fortín de Ganemos, Stop Desahucios y la Plataforma 15M».