El PP denuncia que hay mil solicitudes de ascensores sin resolver en Córdoba

La parlamentaria andaluza del PP de Córdoba María de la O Redondo ha afirmado que «la rehabilitación edificatoria siempre ha sido una asignatura pendiente de la Junta de Andalucía, ya que ha pasado una legislatura en Andalucía sin Plan de Vivienda». El último fue en el período 2008/12 y, desde entonces, sólo ha habido palabras vacías aun recibiendo quejas por parte del Defensor del Pueblo.

«El único plan plenamente operativo ha sido el Plan Estatal de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbanas 2013-2016, que destina 455 millones de euros a Andalucía para políticas de Vivienda siendo esta comunidad la que más fondos recibe de España», ha subrayado Redondo.

Gracias a este Plan, la Junta ha podido aprobar el Programa de Rehabilitación Edificatoria 2015/16 destinado a conservación, eficiencia energética y en un 90% a la instalación de ascensores.

«Para ello, Andalucía contaba con 49,5 millones de euros que el Gobierno central abonó a la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la Junta sólo presupuestó 6,8 millones de euros para cada año por lo que la Junta debe explicar dónde está el dinero que recibió del Estado para tal fin y no ha presupuestado».

Convocatorias anteriores

«Este fraude de gestión ha afectado a 57.000 cordobeses, que llevan años reclamando que se tuvieran en cuenta sus proyectos y que se respetaran las condiciones de las convocatorias anteriores en las que fueron beneficiarios, y que les concedía el 95% del presupuesto de la obra de subvención a fondo perdido», ha afirmado.

La nueva convocatoria para 2015/16 ha dejado en Córdoba solo 23 solicitudes aprobadas del total de las 230 presentadas, por lo que a las 955 que quedaron pendientes en los anteriores planes ahora hay que sumar las 207 del nuevo plan. Un plan que ofrece sólo entre el 35% y el 50% del presupuesto por lo que ha sido un fracaso ya que incluso ha pasado mas de un año y aún no se ha resuelto definitivamente.

«Tendría que haber estado resuelto en diciembre de 2015 y tuvieron que aplazar a abril. Y ahora exigen a los vecinos que cumplan el final de las obras antes de diciembre de 2016, lo que será en la práctica imposible, dado que tienen que tramitar las licencias de obra en los ayuntamientos, visar los proyectos, y contratar las obras», ha subrayado Redondo.