Juicio a una época

El auto de procedimiento abreviado del juez Álvaro Martín por el que se procesa a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y una lista de 25 altos cargos de la estructura de la Junta constituye el juicio a una época. El delito de prevaricación administrativa que el togado atribuye a Chaves y los supuestos de prevaricación y malversación que endosa a Griñán (éste último, con pena de prisión en el Código Penal) han hecho cimbrearse los cimientos del PSOE andaluz que se mira en un espejo que le devuelve una imagen resquebrajada. Esa en la que importan más los fines que los medios, que es precisamente el cogollo del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, de larga instrucción en un juzgado de Sevilla.

Es verdaderamente enternecedora la defensa emprendida por los socialistas andaluces de algunas de sus figuras más carismáticas de la democracia. El argumento general es que los principales responsables no se llevaron dinero a casa, que es precisamente de lo que no se les está acusando. Cualquiera con un poco de tiempo y paciencia -la edición digital de ABC ofreció el auto íntegro para general conocimiento- podrá comprobar que la pieza separada consiste en la dinámica política y administrativa que hizo posible el golferío institucionalizado en el que se resume el llamado caso de los ERE. La disposición de una cantidad enorme de dinero -no menos de 854 millones, calcula el juez- a lo largo de una década para alimentar dos partidas a las que se le metía mano sin miradas molestas. Parafraseando al alter ego del periodista Marty Baron en la aclamada «Spotlight», el caso va contra el sistema.

Gracias a un procedimiento sumamente peculiar (modificaciones presupuestarias prácticamente anuales, entregas de fondos a organismos autónomos con menos controles, convenios poco claros), fueron posibles casos como el del Matadero de Fuente Obejuna, en Córdoba. Según consta en las investigaciones, el conseguidor Juan Lanzas llenó un autobús de antiguos trabajadores de esta empresa cárnica para firmar contratos falsos en una sociedad mercantil de Jaén que no tenía ni posibilidades ni disposición de dar esos empleos. Así, los antiguos operarios podrían ser incluidos en la categoría de «intrusos» percibiendo cantidades del erario público. A cualquiera le pone el estómago al revés que el fraude pueda ir en autobuses, que se pueda haber vulnerado la ley tan a cara de perro. El problema es que ese viaje organizado, una metáfora bastante exacta de la impunidad, tenía que funcionar con un combustible que es la que una estructura compleja montada desde el poder le suministró durante años. El juez Martín le ha puesto palabras de una manera bastante precisa: «mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero». En la vista oral (si tiene lugar), la sentencia y los recursos se dilucidará si todo esto es, además de lo que parece, una actividad que merece un reproche penal. Una condición básica del delito de prevaricación es que se disponga de advertencias previas. La malversación no solo la comete quien se queda el dinero sino quien permite que otros se lo lleven o saca un provecho -incluso no material- de eññp.

Porque ahí está el gran meollo. La creación del entramado de ayudas irregulares -cuya existencia a estas alturas nadie pone en duda- fue, en realidad, una decisión política, partidista y consciente. La del PSOE omnipotente y todopoderoso que decidió regar con dinero público aquellos territorios, aquellos sectores, donde le interesaba tener contenta a la parroquia. Usado por los liderazgos orgánicos para aliviar congresos, consolar a sindicalistas amigos, metabolizar listas electorales, apaciguar críticas, comprar voluntades, calmar a las criaturitas. Algo que perseguirá a una generación de políticos con mando en la Junta de Andalucía ocurra lo que ocurra al final de todo esto.