El interventor de Córdoba reparte cal y arena en los cursos de formación

El interventor de la Junta en Córdoba encargado del control financiero de los cursos de formación, Antonio Escudero, ha comparecido ante la comisión de investigación para dar una de cal y otra de arena. Por un lado, ha reconocido que de su fiscalización -donde se afirmaba que el SAE «no cumplió la ley»- no se deriva la comisión de delitos, que pertenecen al ámbito penal. Por otro, que algo más se pudo haber hecho hasta 2012 (cuando se estudiaban los cursos antes de su pago) como a partir de esa fecha, cuando se intensificaron los controles. El responsable de la fiscalización tampoco llegó a verificar la versión del PSOE según la cual la Junta llegó a ser escrupulosa en sus quehaceres.

Hasta 2012, en la fase llamada de fiscalización previa, el funcionario público ha reconocido que los cursos no se estudiaban de forma detallada sino que se atendían los certificados que se emitían desde el SAE. «Nos fiábamos», ha reconocido el interventor responsable de los informes, en una comparecencia altamente técnica. El interventor responsable de las grandes agencias de la Junta reconoció en sede judicial que esos certificados iban trucados.

Una de las frases más repetidas es que «no constan» determinados elementos. Por ejemplo, el interventor, que prestó declaración como testigo ante los investigadores de la Guardia Civil, reconoció las carencias que presentaban los expedientes que él manejó para elaborar sus expedientes. Afirmó además que pidió determinada documentación complementaria que nunca se le facilitó lo que no quiere decir que no existiera. Aseveró en descargo de los servicios administrativos el cambiante ejercicio de competencias, la existencia de una regulación confusa y la ausencia de medios materiales y humanos para el control real de las fuertes cantidades invertidas en formación.

El interventor aseguró que no se puede acreditar en estos momentos que exista un menoscabo de fondos públicos. La razón es que se trata de un concepto en el que no cabe la presunción. Sin embargo, sí reconoció que, en su opinión, la posibilidad de reclamar todos los cursos con irregularidades entre 2002 y 2008 ya no existe por prescripción. Tampoco quiso acreditar que el sistema se montase para beneficiar a una serie de empresas.

La Intervención de la Junta en Córdoba advirtió en sus documentos oficiales los límites a su trabajo evidenciados en la ausencia de informes que deberían constar en los expedientes. Particularmente grave, afirmó, eran las omisiones que formaban parte de los cursos con compromiso de contratación donde se evidenciaba una actitud pasiva del SAE a la hora de comprobar que el dinero iba exactamente a donde tenía que ir.

Una de las claves consiste en el control efectivo ordinario de los cursos de formación. El interventor reconoció que todo giraba en torno a las auditorías externas que tenían que presentar las entidades que realizaban los cursos. El funcionario explicó que los informes eran formalmente correctos pero que no llegaban al fondo de determinadas cuestiones contables. En su informe, reconoció que el sistema era muy mejorable. Un ejemplo es que no se detectaron facturas de empresas de cursos que se contrataban servicios consigo mismas sin permiso de la Junta.