TRIBUNALES
El fraude de los cursos de formación de la Junta se salda en Córdoba con ocho empresas que irán a juicio
Se pone fin al proceso de instrucción sin que haya políticos ni técnicos implicados
El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha decretado el auto de procesamiento sobre ocho empresas y sus representantes legales , después de estrechar el cerco y depurar hasta 30 compañías cordobesas que podrían haber obtenido ayudas o subvenciones de la Junta de Andalucía de modo fraudulento . Ahora es el turno de que la Fiscalía y, en su caso, las acusaciones particulares emitan sus escritos de acusación. Luego será el turno de la defensa, antes de que se ordene abrir juicio oral.
Los responsables políticos y funcionarios han salido «indemnes» con el archivo de la pieza política de la causa de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía tras ratificarlo la Audiencia Provincial de Córdoba, según informaron fuentes judiciales.
En este caso, los principales beneficiados han sido tres políticos cordobeses. El primero fue el exdelegado de Empleo en la provincia Antonio Fernández ; la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, la lucentina María José Lara ; y el jefe del servicio de Formación en Córdoba entre los años 2002 y 2012, Manuel Gavilán.
La Fiscalía , a finales 2016, ya pidió a la magistrada que emitiera un auto para archivar la pieza , una de las nueve en que dividió la causa en diciembre del 2015, ya que no se apreciaba delito pues únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.
La probable decisión de la jueza se sustentaba en gran parte en las comparecencias como testigos de los interventores de la Junta , que coincidieron en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas.
Sigue la investigación a Rafael Velasco
La misión de las causas en proceso es delimitar las responsabilidades judiciales de un entramado en el que los directores y delegados del organismo público de todas las provincias andaluzas certificaban con normalidad gastos realizados por empresas beneficiarias que no guardaban relación con los cursos.
Con las ayudas repartidas entre distintas entidades para formar a parados andaluces, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, se abonaron facturas de lo más peregrino: seguros que cubrían costes de sepelios o el suministro de talleres y restaurantes y se usaron sus alumnos como mano de obra gratuita para atender un chiringuito o asar sardinas.
En su momento, el PP estimó el desfalco que le ha ocasionado este fraude a la provincia de Córdoba era un perjuicio que ronda los 250 millones de euros.
Paralelamente, el juzgado de instrucción número cuatro continúa la investigación contra el ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco por las ayudas de los cursos de formación concedidas a sus empresas, todo ello después de que la juez María Núñez Bolaños archivara el pasado 13 de octubre la investigación relativa a cuatro de estas ayudas y se inhibiera en favor de los juzgados locales.
