La Junta se desvincula de la polémica y asegura que la Cruz de las Descalzas carece de protección

La Junta de Andalucía se ha desvinculado de toda la polémica en torno a la retirada de la Cruz de las Descalzas en Aguilar de la Frontera y asegura que el asunto se enmarca en una cuestión puramente municipal en la que la última palabra la tiene el Ayuntamiento.

«La Junta de Andalucía no tiene competencias para decidir nada sobre la cruz», indican fuentes autonómicas. Además, la Junta ha asegurado categóricamente que el elemento ni es Bien de Interés Cultural (BIC) ni forma parte de ningún monumento con esa definición, catalogación que sí tiene el Convento de las Descalzas de Aguilar de la Frontera junto al que estaba colocado.

Con esa aclaración, la Junta explica que la cruz estaba junto al conjunto del convento, pero no formaba parte del mismo y por tanto carece de cualquier protección. Tampoco estaba declarada como un elemento de memoria histórica , según la Administración autonómica.

En consecuencia, la Junta de Andalucía sostiene que «quitar la cruz ha sido una decisión política del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera».

Al no haber protección patrimonial de por medio, se desinfla el principal argumento de la asociación de juristas Abogados Cristianos , que ha demandado a la alcaldesa por considerar que la retirada de la cruz suponía «daños contra el patrimonio».

El colectivo también apuntó en un comunicado que «la decisión de destruir el monumento no se ha aprobado en pleno ni cuenta con el proyecto competente para actuar en un entorno BIC, por lo que es completamente ilegal».