El cogobierno de Córdoba detecta facturas en los cajones por cinco millones

La Junta de Gobierno Local aprobará la próxima semana un plan organizativo para el tratamiento de las facturas y el pago a proveedores que pretende solventar lo que el gobierno municipal considera un problema muy serio heredado de la anterior corporación. El Ayuntamiento de Córdoba se ha encontrado con un fenomenal tapón en el pago de las cantidades a sus proveedores cuando se da la circunstancia de que hay dinero de sobra para pagarles. Como dato, en el Área de Hacienda se asegura que, además de los ocho millones en carga, han aflorado unos cinco millones de euros de facturas que estaban, literalmente, en los cajones. Cerca de un millón de euros corresponde a los servicios de Emacsa que el Consistorio ha de pagar y la empresa municipal reclama en su presupuesto. Los suministros energéticos constituyen otra parte sustancial.

El problema de la gestión de las facturas tiene tal entidad que, de su rápida resolución, depende que se puedan gastar las Inversiones Financieramente Sostenibles . Es decir, que se puedan comprar autobuses o mejorar servicios públicos con el dinero del superávit del año anterior y que forma una partida de 28 millones de euros. La «ley Montoro» para estabilizar las cuentas públicas establece que no podrán tocar ese dinero las instituciones que paguen a sus proveedores a más de 30 días. El Consistorio venía cumpliendo con ese plazo hasta que se produjo un cambio en la fórmula de cómputo que obliga a empezar a contar cuando se acepta la factura. En estos momentos, el periodo medio de pago es superior a cuarenta días.

El asunto ya se puso sobre la mesa del anterior gobierno cuando Intervención notificó a la Alcaldía a primeros de año que se había superado el plazo tolerado y que había que establecer un plan de tesorería. Los responsables de la caja municipal respondieron que, en tanto problema de dinero no había, lo que era necesario era adoptar medidas organizativas. El anterior gobierno nunca llegó a ponerlas en marcha.

Las medidas diseñadas consisten, básicamente, en incrementar el personal de servicios clave como Intervención , que tendrá un refuerzo de seis funcionarios con el objetivo de reducir el cuello de botella por el que han de pasar todos los pagos que realiza el Consistorio. Además, se prevén medidas para garantizar la trazabilidad de la factura . Una de las cuestiones que se ha detectado es que, cuando los fiscalizadores de las cuentas rechazan un pago por la razón que sea, la factura entra en el limbo para desesperación de la empresa o el profesional que está pendiente de cobrarla. A medio plazo, se prevé realizar un trabajo para contar con un «software» que permita seguir el rastro de cada cantidad reclamada por un proveedor para evitar estos problemas. El Área de Hacienda ha reunido en días pasados a todos los técnicos que realizan estos trámites en todos los departamentos municipales para darles nuevas pautas y exigir mucho rigor en el seguimiento de las facturas a proveedores.

Sobre las Inversiones Financieramente Sostenibles , en el gobierno municipal se reconoce ya que, muy probablemente, no se pueda llegar al tope de inversión. Es lo que le ocurrió al Ayuntamiento de Sevilla en 2018 cuando tuvo que renunciar a invertir unos 18 millones de euros de su superávit porque rebasaba el periodo medio de pago a proveedores. Si se diese esa opción, el dinero iría íntegramente a reducir la deuda municipal con las entidades financieras.