El «caso Miner», en vía muerta dos años después

Nueve de la mañana del 22 de octubre de 2013. Una veintena de agentes del Instituo Armado irrumpen en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo con una orden judicial: recopilar y requisar toda la documentación relativa a subvenciones europeas, nacionales y autonómicas concedidas a la localidad. Sobre todo, relativas a los fondos Miner en la etapa de 2007 a 2011. La primera cabeza visible que cae es la de la exalcaldesa del municipio, la socialista y miembro de la ejecutiva regional del partido, Luisa Ruiz, que es detenida y trasladada a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

Han pasado ya dos años de aquella intervención, llamada «Rocket» y que dio lugar a la que presumiblemente sea la mayor trama de corrupción orquestada, presuntamente, por una institución pública cordobesa, y la instrucción de la causa apenas ha avanzado.

Es más, se encuentra paralizada.

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El Juzgado encargado de la causa (el de Instrucción número 2 de Peñarroya) acumula una veintena de cajas con documentos del procedimiento sin registrar (por el momento, el asunto cuenta con unos 60 tomos y más de 15.000 folios). Y la montaña de papeles va a crecer, ya que está pendiente la recepción de varios informes solicitados por el órgano. Además, queda por practicar la toma de declaraciones de testigos residentes en otras comunidades mediante exhortos, lo que va a ralentizar, aún más si cabe, la resolución de este complejo caso.

Hace unos días, el consejero de Justicial e Interior, Emilio de Llera, sacó pecho para anunciar que la Junta tiene reforzados con 135 funcionarios interinos los órganos judiciales y las fiscalías de la comunidad, intervención que no ha tardado en provocar reacciones entre los colectivos sindicales. Y, ¿cuál ha sido siempre el argumento de Justicia para negar esos apoyos? En concreto, la explicación que ha dado es que el órgano peñarriblense «es uno de los 21 juzgados mixtos que existen en la provincia que tiene menos volumen de asuntos de entrada».

No obstante, este asunto no es un caso cualquiera. El objetivo de la instrucción es arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en proyectos cuya subvención suma 12,5 millones de euros. Están bajo examen judicial casi la mitad de los fondos Miner recibidos por Peñarroya desde el año 2005, que a su vez recibió el 40 por ciento del montante que estaba destinado a reconvertir esta antigua zona minera.