Los vehículos intervenidos judicialmente en el Campo de Gibraltar irán a un depósito de Málaga
El vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín, informa en sede parlamentaria que se trata de una parcela adscrita a dicha consejería de 81.285 metros cuadrados
Los vehículos intervenidos judicialmente en el Campo de Gibraltar serán trasladados a un depósito en Málaga para su custodia. Así lo ha desvelado este jueves el vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín , en una comparecencia parlamentaria.
Según ha indicado, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local trabaja para contar con dos nuevos depósitos judiciales públicos en Málaga y Jaén , que se unirían al único de estas características que funciona en la actualidad en Andalucía y que está situado en Sevilla. «El objetivo es el establecimiento de estas instalaciones en suelos de titularidad pública», ha apuntado.
Marín ha explicado que dichos espacios podrán ser gestionados directamente por la Administración o por empresas privadas mediante contratos de servicios, como ocurre con el de Sevilla.
Según Marín, el nuevo Gobierno de la Junta encontró numerosos contratos en las provincias de Almería, Granada y Jaén para hacer frente a los depósitos judiciales en cada una de esas provincias, y un depósito judicial público en Sevilla, que cubre Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva.
El nuevo depósito de Málaga estará en una parcela adscrita a la Consejería de Justicia de 81.285 metros cuadrados . El pasado mes de julio, según Marín, se presentó al Ayuntamiento de Málaga toda la documentación necesaria, por lo que espera que en breve estén concluidos los trámites para poner en servicio este recinto.
Además, se estudia la posibilidad de un tercer depósito judicial público en Jaén.
En el Campo de Gibraltar, la cantidad de operaciones contra el narcotráfico y el contrabando realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha generado un serio problema para la custodia de estos vehículos y de las embarcaciones intervenidas, ya que no hay sitio para tantos. Además, una empresa reclama a la Junta más de seis millones de euros por prestar estos servicios durante años, aunque el Gobierno autónomo no la reconoce como adjudicataria de esta prestación.
La Junta convocó además el año pasado un concurso público para adjudicar la explotación de un depósito judicial en el Campo de Gibraltar al que se presentaron cinco empresas pero quedó desierto porque, según explicó entonces la Consejería de Justicia el pasado mes de mayo a ABC , ninguna de las empresas reunía los requisitos.
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