Los derribos que avergüenzan a Andalucía

El paraje de Las Terreras, en el municipio almeriense de Cantoria y cuyo suelo está clasificado como no urbanizable, volverá a su estado original en cuestión de meses, cuando la Junta de Andalucía derribe las pocas viviendas que quedan en pie, tras haber demolido esta semana dos de ellas.

La imagen contrasta con el hotel El Algarrobico, gran coloso de cemento y ladrillo ubicado en primera línea de playa en la localidad de Carboneras, al que ninguna administración se atreve a meterle mano para restaurar la legalidad urbanística y el impacto ambiental. Paradojas de la vida, mientras que el hotel, que se encuentra al 94,7% de ejecución, sigue en pie, casas compradas de buena fe por ciudadanos británicos y habitadas son convertidas a escombro.

Una auténtica «vergüenza para el Estado español», como ha calificado esta delicada situación la presidenta de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (Auan), Maura Hillen. Critica que las administraciones «permiten la destrucción de una propiedad de ciudadanos que compraron de buena fe y que no han recibido indemnización alguna».

Este conflicto va más allá de las fronteras nacionales, puesto que los principales afectados por los derribos promovidos por la Junta de Andalucía son jubilados ingleses, que en su día pusieron sus ojos en las promociones que diferentes empresas les mostraron en su país de origen y en las que les ofrecían, sol, tranquilidad y proximidad a la playa.

Hace un año, cuando la piqueta trituró las dos primeras casas unifamiliares en Las Tejeras, la prensa británica se hacía eco de la tragedia de sus compatriotas. The Times hablaba de «pesadilla» y colgaba en su web un vídeo de los trabajos de demolición. Por su parte, Daily Mail publicaba una entrevista a John Brooks, uno de los afectados.

«¿Por qué voy a gastar mi dinero en España y darles el placer de recibir mi dinero de nuevo? Nunca más». En su cabeza el derribo y los más de 200.000 euros invertidos en la casa de su jubilación.

Han pasado más de doce meses y a Brooks le importa bien poco que el exalcalde de Cantoria, Pedro Llamas (PP), haya sido condenado a dos años de prisión y 23 meses de inhabilitación, lo que realmente le altera el sueño es que aún no ha visto ni un euros de la indemnización que los tribunales decidieron que le corresponde y que ha de sufragar la empresa promotora de las viviendas. Los dos nuevos matrimonios desahuciados han regresado a su país. «Uno vive actualmente con sus hijos y el otro de la beneficencia», advierte Gerardo Vázquez, asesor jurídico de Auan. Tienen derecho a percibir una indemnización de 789.000 euros, pero como reconoce el letrado «es difícil que puedan cobrar, ya que la sentencia solo señala como responsable civil al constructor».

De eso son muy conscientes el matrimonio formado por Leonard y Helen Prior, que el 9 de enero de 2008 veían como la pala excavadora ponía fin a su sueño de vivir en un destino de sol y muy próximo a la playa. Su vivienda, situada en el municipio almeriense de Vera, era demolida después de que los juzgados declararan nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento. El suyo ha pasado a la historia como el primer caso de una casa demolida por haber sido edificada en suelo no urbanizable, pero no por ser el único.

Como les ocurrió en su día a los Prior, que se aferraron a lo poco que tenían para evitar que su sueño se transformara en polvo, hasta el punto de vivir en el garaje, que fue lo único que los tribunales dejaron en pie, otra pareja, la formada por Frank y Janet Doel pagaron su frustración haciendo pintadas a la fachada de su chalé horas antes del derribo, ejecutado el pasado martes. «Lives in ruins», -vidas en ruinas- leyenda en inglés grabada a rojo sangre sobre el fondo blanco de una de las paredes o frases como «Castigar a los culpables, no a las víctimas. ¡Cambio de la Ley ya!», en clara alusión a la Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que ha generado que los juzgados se hayan colapsado de denuncias por expedientes urbanísticos disciplinarios, podían leerse desde la distancia.

Mientras esto ocurre, las diferentes administraciones redoblan esfuerzos por mermar la mala imagen que se está trasladando en el exterior, y que está afectado a la marca España, y buscan inversores que tiren de las miles de viviendas que fueron construidas durante el boom de la burbuja inmobiliaria y que permanecen vacías a la espera de inquilinos extranjeros.

Desde Auan lo tienen muy claro, «lo prudente es que los inversionistas extranjeros no sumerjan un dedo del pie en el agua turbia de algunas zonas de Andalucía hasta que el Gobierno regional no ponga su propia casa en orden».