Ayuntamiento de Pollença

El Estado recurre que un municipio mallorquín subvencione a los negocios que rotulen sólo en catalán

El Gobierno considera que las ayudas de carácter lingüístico que prevé otorgar el Ayuntamiento de Pollença buscan «eliminar» el uso del castellano

Palma de MallorcaActualizado:

La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso administrativo contra un reciente acuerdo de carácter lingüístico adoptado por el consistorio del municipio mallorquín de Pollença. Se trata de un acuerdo adoptado el pasado 22 de febrero, mediante el cual se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones que otorgará el Ayuntamiento de Pollença a las empresas y los comercios que utilicen el catalán de forma preferente, por ejemplo en los rótulos, en las etiquetas o en las cartas de los restaurantes.

Para la Abogacía del Estado, con dicho acuerdo municipal se estaría buscando «eliminar» el castellano. En ese sentido, el Gobierno central considera que «no se fomenta el catalán como lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, sino la eliminación de la otra lengua cooficial, el castellano».

En el presente mandato el alcalde de Pollença es el ecologista Miquel Àngel March, de Junts Avançam, coalición que aglutina en una sola lista al PSOE, MÉS y Esquerra Republicana. March gobierna junto con Unió Mollera Pollencina. En la oposición se encuentran Alternativa, Tots per Pollença y el PP, así como un edil no adscrito.

Suspensión cautelar

La Abogacía del Estado pide la suspensión cautelar del acuerdo municipal recurrido. «Si por el Ayuntamiento se otorgan subvenciones por eliminar el castellano y la misma se vuelve atrás al estimarse la demanda, los empresarios destinatarios de dicha subvención tendrán que devolverla, suponiendo ello un mayor perjuicio que el que se causa si se suspende la ejecución del acuerdo impugnado», señala el escrito.

Miquel Àngel March, alcalde de Pollença
Miquel Àngel March, alcalde de Pollença

En cualquier caso, la Abogacía no cuestiona la cooficialidad del castellano y del catalán en Baleares. En ese contexto, en el recurso se recuerda que la Constitución «no se opone a la adopción de una política enfocada hacia la defensa y promoción de la lengua cooficial». El problema radicaría en que «la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con la otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas». Por tanto, tiene que haber «un patrón de equilibrio o igualdad».

Por su parte, el alcalde de Pollença expresó este lunes su oposición al recurso de la Abogacía del Estado. March recordó, además, que el consistorio viene concediendo ayudas en favor de la normalización lingüística desde hace 20 años. El presupuesto total previsto en 2018 para esas subvenciones concretas asciende a 5.000 euros. En declaraciones a ABC, el primer edil indicó que le parece «preocupante» que una medida de «discriminación positiva» que se aplica desde hace dos décadas «sea cuestionada ahora por el Estado». March también confirmó que el consistorio ha presentado ya una alegación oponiéndose a la medida cautelar solicitada por el Gobierno central.

Recursos similares

En este contexto, la delegada del Gobierno en Baleares, la popular María Salom, ha recordado este martes que el mencionado recurso contencioso administrativo fue presentado por la Delegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, el pasado 16 de abril. «Tenemos la obligación de velar para que las dos lenguas cooficiales tengan el mismo valor y que se subvencionen por igual, como recoge la Constitución», ha dicho.

Cabe recordar que la Abogacía del Estado ya había recurrido en su momento otros acuerdos similares de carácter lingüístico adoptados por los consistorios de Palma y de Calviá. Así, se recurrió el acuerdo del Ayuntamiento de Palma de octubre de 2016 que obligaba a las empresas que contratasen con dicha Administración local a «utilizar el catalán». La Abogacía del Estado también impugnó en 2017 el acuerdo del Ayuntamiento de Calviá que introducía exigencias lingüísticas, sociales y medioambientales a las empresas que contratasen con el consistorio.

Por otro lado, la portavoz del PP en el Parlamento balear, Marga Prohens, ha señalado esta mañana, a preguntas de los medios, que «el fomento de nuestra lengua propia debe hacerse sin discriminar el castellano, que es la otra lengua cooficial de nuestra Comunidad». Prohens también se ha pronunciado con respecto al hecho de que los concejales del PP del Ayuntamiento de Pollença, en la oposición, hubieran votado hace tres meses a favor de la ahora recurrida propuesta lingüística del equipo de gobierno municipal. «Desde el PP siempre defendemos el fomento de nuestra lengua propia sea en el ámbito que sea», ha indicado.