Rechazan las alegaciones de Mellet y Torrijos y habrá juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla

La juez de lo Penal número 13 de Sevilla ha rechazado este martes las cuestiones previas planteadas por los abogados de los diez acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, por lo que la vista oral continuará con la declaración como investigado del exdirector general de la lonja hispalense Fernando Mellet.

Al comienzo de la tercera sesión de la vista oral, la juez ha anunciado que rechaza las cuestiones previas alegadas por las defensas durante la pasada semana, a las que ya se opuso la Fiscalía de Sevilla en una intervención donde alegó que ninguna defensa planteó «nunca» en esta causa la supuesta «parcialidad» de la juez Mercedes Alaya durante la instrucción del procedimiento en base a la labor de auditor que su marido llevó a cabo en la lonja.

El letrado de Mellet cuestionó la «ausencia de imparcialidad» de la juez Alaya, puesto que «se tendría que haber abstenido» debido a que su marido fue auditor de Mercasevilla y el que fuera director del mercado central «tuvo que despedirlo por unas irregularidades gravísimas» en relación a la crisis de la lonja. Esa tesis queda rechazada.

La abogada del ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, por su parte, planteó como cuestión previa que la causa por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos ya fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, en una decisión «firme» tras ser confirmada en 2010 por la Audiencia Provincial a raíz de un litigio previo entre la antigua adjudicataria, Larena 98, y la que resultó beneficiaria, Sando. Ese argumento también ha sido rechazado.

La Fiscalía atribuye a los diez acusados un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que solicita una condena de dos años de prisión, aunque también atribuye un delito de prevaricación a Mellet y al vicepresidente de Sando por el que les pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.