PUNTADAS SIN HILO
La campaña
En 2010, cuando se pidió la recusación de Alaya, ninguna asociación de jueces denunció intromisión en su intimidad
Dos importantes y respetadas asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, han mostrado su solidaridad con la juez del caso ERE, María Núñez Bolaños, después de que el PP haya pedido su recusación en dicha causa tras trascender que un familiar directo —su cuñada— trabaja en la Agencia IDEA, el ente de la Junta de Andalucía investigado por la propia juez por desempeñar un papel fundamental en los presuntos pagos irregulares. Los magistrados no cuestionan dicha recusación, sino el hecho de que se haya difundido el parentesco. Arremeten contra «la Prensa» —un eufemismo para no referirse a ABC, el periódico que reveló dicha información— y la supuesta campaña contra la juez para «poner en entredicho de manera infundada su labor profesional en una causa judicial enormemente compleja y con una gran proyección mediática», reafirmándose en la imparcialidad e independencia de la magistrada.
La contundente nota, insólita en toda la instrucción del controvertido caso ERE, genera dudas para aquellos, como es mi caso, de formación jurídica precaria. No entiendo que se aluda a una campaña de difamación por unas informaciones cuya veracidad no se cuestiona ni por las propias organizaciones que protestan. Difamar significa desacreditar a alguien «publicando algo contra su buena opinión y fama», y la noticia de que Núñez tenga una cuñada que trabaja en IDEA no supone daño alguno a la imagen de la magistrada. La cuestión capital es si estos lazos son motivo de recusación o no, y esta decisión corresponde al ámbito judicial, no al periodístico, cuya única exigencia atañe a la veracidad de las informaciones. Respecto a la otra cuestión de la que ha informado este periódico, la fianza que Núñez impuso al PP para personarse en el caso, ha sido la propia Fiscalía Anticorrupción la que la ha visto excesiva, pidiendo oficialmente su rebaja. Informar sobre ello no puede ser considerado como una campaña de descrédito a la magistrada.
Estamos, por tanto, ante hechos ciertos revelados por un periódico los cuales pueden tener trascendencia en una instrucción mediática. Algo no ya normal, sino saludable en un sistema democrático en el que los medios de información y los tribunales cumplen sus respectivas funciones. Es llamativo, por otra parte, que en 2010, cuando se reclamó la recusación de la juez Mercedes Alaya porque su marido había auditado a Mercasevilla ocho años antes, ninguna asociación considerase las informaciones al respecto como una campaña de desprestigio ni una intromisión gratuita en la vida privada de la magistrada. La iconografía clásica representa a la Justicia con los ojos tapados, simbolizando la limitación del juez a los hechos para alcanzar la ecuanimidad. No estaría de más que se aplicase el mismo espíritu a la hora de leer las informaciones de los periódicos.
