El Apunte - OPINIÓN

El asombro sin final

Aún proliferan las viviendas ilegales ante la impotencia de la Justicia y la complicidad de propietarios o ayuntamientos

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La lucha contra las viviendas ilegales en la provincia de Cádiz viene de largo. Este tipo de construcciones descontroladas proliferó de forma sorprendente entre los años 70 y 80 del pasado siglo pero mantuvo el ritmo de aparición hasta nuestros días, casi sin pausa. Las administraciones públicas han lanzado campañas de lucha pero siempre tímidas e inconstantes, temerosas de ofender a miles de votantes y de perder a otros tantos potenciales contribuyentes. Este tipo de casas, comercios, pisos y chalés se vuelven pagadores de agua, luz e impuestos cuando regularizan su situación. Antes de hacerlo, pueden sobrevivir sin pagar todo lo que tienen que afrontar el resto de ciudadanos. Su número llegó a ser tal que formaron hasta partidos políticos que conquistaron representación en forma de concejales. Asombroso.

Mientras los intentos siguen, hace apenas unos meses el Ministerio de Hacienda localizaba más de 34.000 inmuebles que defraudan con otra variante: el IBI que pagan sus propietarios no coincide con las dimensiones de la vivienda que regentan. Los funcionarios del Catastro utilizaron fotos aéreas, realizadas con drones, para comprobar y demostrar que algunas fincas no tienen nada que ver con la valoración catastral que figura en su ficha de registro. La investigación desvelaba casos como la proliferación de piscinas sin permiso, ampliaciones irregulares de viviendas con más de una planta, construcciones de garajes y modificaciones de locales comerciales. No debiera sorprender en una provincia con decenas de miles de viviendas ilegales en localidades como Chiclana, El Puerto, Sanlúcar o Chipiona.

En suma, la única novedad es que no hay cambio. Los datos de la Fiscalía dicen que los trámites judiciales por viviendas ilegales pasaron de 44 a 143 en un año, es decir, se multiplicaron por más de tres. La mayoría de estos procesos acaba en una sentencia mínima o en una orden de derribo que se aplaza durante años.

La conclusión es que no hay ejemplaridad, nadie se da por aludido ni por asustado. El caos urbanístico sigue creciendo y galopando para beneficio de algunos pocos vecinos, de algunas administraciones locales, y asombro de todos los demás.

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