La Fiscalía defiende la Constitución

La Fiscalía General del Estado ha vuelto a actuar como vanguardia del Estado de Derecho para depurar las responsabilidades penales de los dirigentes del proceso separatista catalán. El 8 de septiembre, tras la aprobación de las leyes de referéndum y «transitoriedad» y de la convocatoria para el 1-O, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se querelló contra la mesa del Parlament y el Govern por desobediencia y prevaricación. Ayer, la Fiscalía General, con la firma de su titular, José Manuel Maza, presentó sendas querellas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, contra aforados como Carme Forcadell, y ante la Audiencia Nacional, contra excargos públicos como Puigdemont, quien ha perdido su aforamiento como presidente de la Generalitat. Los delitos que se les imputan son de la máxima gravedad: rebelión o sedición, y malversación. La Fiscalía no ha querido jugarse la baza a la sola carta de la rebelión, delito que exige que el alzamiento sea «violento y público», y ofrece a los tribunales la alternativa de la sedición, para la que no se requieren actos violentos. Las querellas del Ministerio Fiscal están bien argumentadas y sus peticiones se corresponden con la gravedad de unos hechos que no limitan sus efectos a Cataluña, sino que los extienden a toda España, razón por la que han presentado las querellas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Estas acciones legales emprendidas por la Fiscalía eran inaplazables. La Constitución ordena al Ministerio Fiscal que actúe conforme al principio de legalidad y eso es lo que ha hecho Maza. No obstante, hay que evitar el error de responsabilizar a jueces y fiscales con la carga de solventar el conflicto separatista sólo a través de los procesos penales. Incluso parece contradictorio que el Gobierno vea bien que Puig0demont repita como candidato en las elecciones del 21-D y, al mismo tiempo, se respalde al fiscal cuando plantea una querella que puede poner al expresidente de la Generalitat en prisión hasta veinticinco años. Y es cierto que sólo por ser investigado Puigdemont no pierde su derecho a ser candidato. Incluso aunque ingresara en prisión provisional, a la que está haciendo méritos por su viaje a Bélgica, que el fiscal quiere plantear, según ha pedido en sus querellas. Pero entre órganos del Estado que comparten la defensa de la legalidad conviene mantener coherencia en los discursos. La independencia de los jueces no garantiza a nadie de antemano el resultado final de estas acciones penales, pero lo importante es que el proceso separatista no genere espacios de impunidad a rebufo de una pretendida solución política. Nada hay más falso que tachar estas querellas como una judicialización de la política y nada hay más legítimamente político en democracia que aplicar la ley y hace rla respetar cuando es vulnerada.