Ni formas, ni fondo

Nadie duda que los casos ERE y Formación constituyen el mayor latrocinio de la reciente Historia de España. A diferencia de otros, su institucionalización ha permitido el saqueo durante tiempo casi inmemorial. La Administración constituida en organización para delinquir, es lo que dice S.S. Dª. Mercedes, ha consolidado el 'Régimen'. Nada se dejaba al azar. La concertación social ha sido fundamental en este entramado. Si no que me expliquen la «docilidad» de los sindicatos y la «ausencia» de la patronal, durante este período, que ha ido en paralelo al de la Transición y donde Andalucía se ha consolidado como la región con peores datos macroeconómicos de Europa. También ha tenido que ver la complacencia de cierta prensa afín. El desfile de leales premiados en San Telmo ha sido incesante.

Por eso era una idiotez pensar que era cuestión de uno o dos golfos. Todo estaba atado. La madeja, símbolo de Sevilla, es lo que ahora se deshace en sede judicial.

El nombre impuesto al caso ha sido espectacularmente efectivo. Sin embargo la visión dada por la instrucción penal es solo parcial. La gestión de las resoluciones de los expedientes de regulación de empleo, como institución jurídica ha sido calamitosa, en tanto ha estado en manos administrativas. Ha sido nefasto su uso y han prevalecido razones de oportunidad políticas, sobre razones jurídicas, relacionadas con la acreditación de las causas. La visión jurídica debe complementarse con la perspectiva económica. En algunas circunstancias, las empresas competitivas deciden cerrar y no producir nada. La decisión racional de salida del mercado se produce para una empresa competitiva cuando el ingreso que obtendría produciendo es menor que sus costes. Las resoluciones de las regulaciones de empleo como institución jurídica de naturaleza económica, deben alejarse de cualquier consideración de oportunidad política, debiendo resolverse los expedientes dentro del respeto a los principios de seguridad jurídica y económica como baluartes de l Estado de derecho.

Hasta el 2012, año en el que se aparta a la Administración de la competencia resolutoria de los expedientes, los territorios del Estado han mostrado diferentes 'modus operandis'. En Andalucía, o lo acordaban las partes, o el expediente con gran probabilidad iba a ser rechazado. Esta situación de inseguridad creada ha frenado la inversión foránea. La adversidad requiere soluciones. La acomodación a las situaciones impuestas por el mercado también. Lo demás es condenar al ostracismo, cuando no a la ruina a los empresarios.

Quizás la gente no lo sepa. Pero si el caso ERE ha sido letal para la credibilidad institucional de Andalucía, las intervenciones administrativas hasta 2012, han espantado muchas inversiones. Desde 1982 hasta 2012, ni formas, ni fondo. Así se escribe la Historia.