El vicepresidente de Kenia busca enterrar definitivamente al Tribunal de La Haya

El vicepresidente de Kenia, William Ruto, ha comparecido este martes ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que la Corte retire de forma definitiva los cargos en su contra por la violencia post-electoral de 2007-2008. Entonces, más de 1.100 personas perdieron la vida y miles fueron desplazadas de sus hogares.

La defensa de Ruto asegura que buena parte de los testimonios contra el vicepresidente han desaparecido (al igual que aquellos en contra del otro acusado, el periodista Joshua Arap Sang). La Fiscalía denuncia por su parte que los testigos han sido coaccionados en un juicio dilatado ya en exceso.

A finales de 2014, el TPI retiraba los cargos contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, en aquellos días también acusado de crímenes contra la humanidad.

En un comunicado, la Corte aseguró que la presunta responsabilidad penal del mandatario no se puede probar más allá de la duda razonable. El anuncio se producía unos días después de que el TPI concediera un ultimátum de una semana a la Fiscalía del caso para presentar pruebas.

En 2012, el TPI confirmaba los cargos y la apertura de un proceso por crímenes contra la humanidad a Kenyatta, a quien se acusaba de subvencionar a las turbas que provocaron masacres durante la campaña electoral de 2007-2008, así como de orquestar los ataques ocurridos en el Valle del Rift. En aquel momento, más de 1.100 personas perdieron la vida y miles fueron desplazadas de sus hogares. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Kenyatta se impuso de forma mayoritaria en las elecciones presidenciales de marzo de 2013.

Hasta la retirada de cargos, la Fiscalía siempre aseguró que no se le facilitó acceso a los registros financieros de Kenyatta, prueba capital para saber si éste pagó de forma indirecta grandes sumas de dinero a los autores de una ola de violencia postelectoral.

«Testigos de la causa de Kenia están desapareciendo», denunciaba a ABC Paul Muite, abogado de miembros destacados del grupo mafioso mungiki, utilizado (presuntamente) como «mercenarios» para llevar a cabo las represalias.

Apoyo de la Unión Africana

Las presiones internacionales en favor de Kenyatta y Ruto no han sido pocas. A finales de 2013, la Unión Africana había pedido el aplazamiento del juicio. De igual modo, exigió a La Haya que los gobernantes en el cargo no fueran juzgados hasta cumplir su mandato. Solo unos meses antes, en mayo, la organización acusaba a la TPI de «cazar» a los ciudadanos de África debido a su raza.

«El 99% de los casos del TPI son contra africanos», denunciaba entonces el primer ministro etíope y presidente de turno de la organización, Hailemariam Desalegn.

La reacción fue evidente. En septiembre de 2013, el Parlamento de Kenia aprobaba una moción para abandonar el Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI, solo unos días antes de que comenzara el juicio contra el vicepresidente Ruto. Este, como Kenyatta anteriormente, también debe afrontar una causa por crímenes de lesa humanidad.