May teme otro tropiezo en los Lores para su Brexit duro

Quién lo iba a decir, los Lores, la Cámara florero que ni siquiera es electa, se han convertido en el bastión del europeísmo en el Parlamento británico. La llamada Ley del Brexit, que simplemente da permiso al Gobierno para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa e iniciar la salida, pasó su tramitación por la Cámara de los Comunes sin una sola enmienda. Fue un paseo militar para el Brexit duro de May, en parte porque el líder laborista, el controvertido Corbyn, ordenó apoyarla. Pero al llegar la norma a los Lores han aparecido las correcciones a la ley corte europeísta.

La semana pasada, los Lores aprobaron por 326-293 una enmienda para instar al Gobierno a respetar los derechos de residencia de los comunitarios que ya viven en el Reino Unido.

Este martes, todo indica que sacarán adelante otra para que el Parlamento pueda vetar el acuerdo de salida que alcance May con la UE dentro de dos años. El Gobierno no goza de mayoría en la Cámara Alta.

Los Lores no están de acuerdo. La enmienda multipartidaria que presentarán este martes pretende que el Parlamento tenga capacidad de veto sobre el acuerdo con la UE, que lo pueda rechazar y enviar a May de nuevo a la mesa de Bruselas negociar uno mejor.

Diputados rebeldes

Esta iniciativa de la Cámara Alta ha irritado al Ejecutivo. Este lunes, el portavoz del Número 10 acusó a los Lores de debilitar la posición negociadora de May en Bruselas con su nueva enmienda: «Si nos ponemos en una situación donde el acuerdo negociado por la primera ministra puede ser rechazado por los diputados, obviamente eso da ventajas a la otra parte negociadora, que se vería incentivada a ofrecernos un mal acuerdo, en la esperanza de que así paralizaría nuestra salida».

El Gobierno confía en tumbar las enmiendas de los Lores en la Cámara de los Comunes, donde sí tiene mayoría. Pero ya no parece tan sencillo como hace unos días, porque algunos diputados tories rebeldes podían apoyar las enmiendas de la Cámara Alta, en especial la que exige al Gobierno que garantice ya el derecho de residencia de los tres millones de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido.