Rousseff se juega la Presidencia

La Abogacía General de Brasil (AGU) entregará este lunes los documentos de lo que será la defensa de la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso. Es la última oportunidad para que la mandataria brasileña presente las pruebas que definirán su juicio político en las próximas dos semanas.

A partir de este alegato de su defensa, una comisión parlamentaria formada por 65 congresistas de diferentes partidos, tendrá cinco sesiones para decidir si acepta o no la denuncia contra Rousseff por problemas en su contabilidad. Si la comisión se decide por la destitución de la mandataria, el proceso seguirá en el plenario del Congreso, donde necesitará por lo menos dos tercios para confirmar el juicio.

Por el momento es difícil definir cuál será el resultado.

Un sondeo informal difundido el domingo por el diario «O Estado» de São Paulo muestra que nada está definido aún. La oposición tendría 261 votos a favor de la salida de Rousseff del Gobierno, contra 117. Del total, 9 no opinaron, 55 están indecisos y 71 no respondieron. La oposición necesita 342 votos y Rousseff, 172, eso si es que no hay ausencias.

La oposición y el Gobierno luchan por hacerse con el favor de esos indecisos y satisfacer sus intereses, aprovechando la división, especialmente entre los llamados «partidos de alquiler». Rousseff ha negociado los cargos dejados por su exsocio Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que dejó el Gobierno ante la gravedad de la crisis. Pero el PMDB, que cuenta con el mayor número de votos en el Congreso, también está dividido. Varios de sus militantes están arrepentidos de la decisión del partido y algunos ministros del grupo se resisten a entregar sus cargos, una semana después del desembarco.

La sombra de Lula

El trámite de juicio político para decidir la destitución de Rousseff, según recuerda Efe, se basa en unas irregularidades fiscales en las que incurrió su Gobierno entre 2014 y 2015 para maquillar sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

De acuerdo con las acusaciones, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, la presidenta incurrió en un «delito de responsabilidad», uno de los motivos que recoge la Constitución brasileña para deponer a un mandatario.

No obstante, el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, negó la semana pasada ante la comisión que Rousseff realizara operaciones ilegales y aseguró que el maquillaje fiscal fue cancelado en 2015, lo que anularía los argumentos que sustentan el proceso, que no pueden referirse a faltas cometidas en mandatos anteriores.

El titular de Hacienda argumentó también que las maniobras fiscales por las que se pretende abrir el juicio no alteraron el presupuesto aprobado para la gestión de Rousseff en los años referidos.

Tras las cinco sesiones de la comisión, se prevé que el diputado instructor del caso presente su informe definitivo, que será votado entonces por los parlamentarios que conforman la comisión, lo que podría ocurrir el próximo 11 de abril. Si le dan luz verde al documento, éste pasará al pleno de la Cámara de Diputados, donde deberá contar con el respaldo de una mayoría calificada de dos tercios (342 votos) para llegar hasta el Senado.

La Cámara Alta decidirá por mayoría simple si archiva la causa o inicia el propio juicio político, en cuyo caso la presidenta estará obligada a apartarse de su cargo durante 180 días, plazo que tendrá el Senado para concluir el proceso. A lo largo de ese tiempo, Rousseff sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, que completaría el mandato hasta el 1 de enero de 2019 si la jefa de Estado es finalmente depuesta.

El proceso contra Rousseff está políticamente vinculado a la suerte judicial de su «padrino político», Lula da Silva. Esta semana la Justicia decidirá si el expresidente puede ser ministro, un movimiento al alimón de Rousseff y Lula para blindarle en un macroproceso de corrupción.