Retrasos, trabas y golpes del oficialismo: el calvario del referéndum para destituir a Maduro

Comenzó el 19 de abril y concluyó el 20 de octubre un largo calvario de siete meses en los que predominaron los retrasos, las trabas y los golpes del oficialismo; pero que los venezolanos lo asumieron con paciencia y estoicismo para intentar revocar pacífica y constitucionalmente al presidente Nicolás Maduro.

El proceso del referéndum revocatorio presidencial debía durar máximo unos cuatro meses entre la solicitud de los firmantes, la convocatoria y la celebración de la consulta popular. El Consejo Nacional Electoral está capacitado técnicamente para organizar en 30 días cualquier elección que se le encomiende.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática, actuando bajo las normativas legales, convocó el primer «firmazo» (manifestación de voluntad) el 19 de abril pasado (toma de posesión del cargo) cuando se cumplió la mitad de los seis años del mandato de Maduro.

En la primera fase de la recolección del 1% de las firmas de electores, la MUD consiguió casi 3 millones de firmas, pero el CNE se las rechazó, alegando que no eran las planillas oficiales adecuadas por lo que debían recoger nuevamente las firmas.

Cumpliendo los requisitos en las planillas oficiales, la MUD convocó un nuevo «firmazo» del 1% y en menos de dos días recolectó más de dos millones firmas. A finales de mayo los firmantes tuvieron que validar su rúbrica con su huella dactilar. El CNE dispuso solo 300 máquinas en sitios remotos y de difícil acceso en los 23 estados y el Distrito Capital y hasta ahí fueron -en burro, canoas, lanchas y autobuses- los electores para poner su huella. Al final de la primera fase la oposición el CNE entregó 1.800.000 firmas, de las cuales fueron invalidadas más de 600.000. Y de los 1.300.000 electores habilitados para la validación, 409.313 ratificaron sus firmas, entre el 20 y el 24 de junio.

El CNE se tomó las vacaciones escolares de agosto y anunció la validación oficial de las firmas de la primera fase en septiembre y convocó la segunda fase, o sea la recolección del 20% de las firmas para el 26, 27 y 28 de octubre.

Para la segunda etapa la MUD exigía que el firmazo del revocatorio fuese a nivel nacional como lo establece el artículo 72 de la Constitución y que instalaran unas 16.000 máquinas «captahuellas». Pero el CNE sólo dispuso 1.356 máquinas lectoras dactilares en los centros electorales reubicados en lugares distantes de la residencia de los electores. La semana pasada la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el 20% de las firmas debía ser por estado y no en la circunscripción nacional como corresponde a la presidencial.

El 20 de octubre cinco tribunales de primera instancia en lo penal regionales acordaron sentenciar que hubo supuesto fraude en la recolección del 1% por lo que pedían que se anulara el 20% de ese estado, lo que abortó el proceso. El CNE entonces decidió posponer o suspender la recolección del 20% de la manifestación de voluntad («firmazo») de acuerdo a los tribunales penales y regionales. Es la primera vez en la historia republicana que unos tribunales penales de primera instancia y regionales mandan por encima de la jerarquía superior. Según los juristas es insólito, absurdo e incompetente que los tribunales penales y de primera instancia ordenen a las instancias superiores. «Ha sido un golpe de Estado contra el pueblo soberano de Venezuela», coinciden los analistas.