Los más de mil muertos de Kenia que no encuentran justicia

«Testigos de la causa de Kenia en el Tribunal Penal Internacional están desapareciendo». A comienzos de 2013, Paul Muite, abogado de miembros destacados del grupo mafioso mungiki, realizaba estas declaraciones a ABC. Entonces, sus defendidos estaban acusados de orquestar las más sangrientas masacres durante la ola de violencia post electoral que sufrió el país africano en 2007-2008. En ella, más de 1.100 personas perdieron la vida y 300.000 fueron desplazadas.

El mayor dilema del caso siempre fue otorgar nombre y apellidos a quién/quiénes subvencionaron a estos grupos. Aunque desde esta semana, quizá nunca se haga justicia. El Tribunal Penal Internacional (CPI) ha decidido cerrar por falta de pruebas el caso contra el vicepresidente de Kenia, William Ruto, y el periodista Joshua Arap Sang, a los que se acusaba de crímenes de lesa humanidad.

En los últimos meses, la defensa de Ruto reconocía que buena parte de los testimonios contra el vicepresidente han desaparecido (al igual que aquellos en contra del otro acusado, el periodista Joshua Arap Sang). La Fiscalía denuncia, por su parte, que los testigos han sido coaccionados en un juicio dilatado ya en exceso. «Tenemos registrados hasta 16 casos de jóvenes viudas cuyos maridos han desaparecido sin rastro (…) Se aseguran de que no aparezcan los cadáveres. Si no hay cuerpo, nadie investiga (...) Los escuadrones de ejecución suelen arrojarlos a las alimañas para que se deshagan de ellos o los disuelven en ácido», denunciaba hace tres años a ABC el propio abogado Muite.

Ya a finales de 2014, el TPI había retirado los cargos contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, en aquellos días también acusado de crímenes contra la humanidad. En un comunicado, la Corte aseguró que la presunta responsabilidad penal del mandatario no se puede probar más allá de la duda razonable. El anuncio se producía unos días después de que el TPI concediera un ultimátum de una semana a la Fiscalía del caso para presentar pruebas.

En 2012, el TPI confirmaba los cargos y la apertura de un proceso por crímenes contra la humanidad a Kenyatta, a quien se acusaba de subvencionar a las turbas que provocaron masacres durante la campaña electoral de 2007-2008, así como de orquestar los ataques ocurridos en el Valle del Rift. En aquel momento, más de 1.100 personas perdieron la vida y miles fueron desplazadas de sus hogares. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Kenyatta se impuso de forma mayoritaria en las elecciones presidenciales de marzo de 2013.

Hasta la retirada de cargos, la Fiscalía siempre aseguró que no se le facilitó acceso a los registros financieros de Kenyatta, prueba capital para saber si éste pagó de forma indirecta grandes sumas de dinero a los autores de una ola de violencia postelectoral.

Apoyo de la Unión Africana

Las presiones internacionales en favor de Kenyatta y Ruto no han sido pocas. A finales de 2013, la Unión Africana había pedido el aplazamiento del juicio. De igual modo, exigió a La Haya que los gobernantes en el cargo no fueran juzgados hasta cumplir su mandato. Solo unos meses antes, en mayo, la organización acusaba a la TPI de «cazar» a los ciudadanos de África debido a su raza.

«El 99% de los casos del TPI son contra africanos», denunciaba entonces el primer ministro etíope y presidente de turno de la organización, Hailemariam Desalegn.

La reacción fue evidente. En septiembre de 2013, el Parlamento de Kenia aprobaba una moción para abandonar el Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI, solo unos días antes de que comenzara el juicio contra el vicepresidente Ruto.