Macri se pone firme con los delincuentes extranjeros

Los extranjeros con antecedentes penales y que cometan delitos en Argentina van a tener complicada su estancia en este país. El Gobierno de Mauricio Macri ultima un decreto por el que agiliza los trámites para expulsar a inmigrantes o residentes de otra nacionalidad que violen el Código Penal. La medida ha abierto la caja de los truenos de asociaciones civiles identificadas con el kirchnerismo y de Justicia Legítima, corriente de jueces que incluye a la ex presidenta Cristina Fernández y que tiene en Baltasar Garzón a uno de sus referentes.

La idea del proyecto es reducir a dos meses el procedimiento para la deportación y, en palabras de Mauricio Macri, «decirle a alguien que tiene antecedentes en su país que no es bienvenido».

Con ese objetivo, el presidente de Argentina pretende suscribir tratados bilaterales con otros países que incluyan el intercambio de información sobre sus ciudadanos. Asimismo, se propone endurecer los controles migratorios en aeropuertos y fronteras terrestres donde, por cierto, existen enormes zonas permeables para el ingreso ilegal.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, consideró la medida «una regresión para los derechos de las personas migrantes». La organización, clave durante la dictadura y la transición democrática, hoy está dirigida por el periodista kirchnerista Horacio Verbitsky.

De acuerdo al proyecto que publica el diario Clarín, los extranjeros con residencia permanente pueden perderla si son condenados por «tráfico de armas, de personas, estupefacientes o lavado de dinero» aunque el texto es todavía susceptible de modificaciones. En ese ámbito, la norma exigirá a los jueces que notifiquen, «todo auto jurisdiccional que atribuya responsabilidad penal» así como cualquier «condena por delito penal contra un extranjero». En caso de no cumplirlo se considerará una «falta grave» de los magistrados. El Gobierno es consciente del numeroso grupo de jueces nombrados y ascendidos durante el kirchnerismo que comulgan con Justicia Legítima.

A falta de conocerse el texto definitivo, según Clarín, se baraja en el borrador un «Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo» que limitaría a tres días hábiles el tiempo de los extranjeros para apelar su expulsión. Todos los plazos s de posteriores recursos también quedarían reducidos y el expulsado no podría volver a Argentina en un periodo de cinco a ocho años.