Carrera de obstáculos para Obama para limitar las armas de fuego

El itinerario aún es incierto. No es la primera vez que Obama intenta aprobar medidas para complicar el fácil acceso de los delincuentes, consagrados o potenciales, a las armas de fuego. La diferencia ahora es que, tras el infructuoso intento de convencer al Congreso para una ley consensuada por ambos partidos, el presidente actúa por su cuenta. El borrador de orden ejecutiva, que ayer estudió con la Fiscal General, Loretta Lynch, todavía es inconcreto, pero apunta a limitaciones a la venta basadas en un mayor control de los registros y la exigencia de que todos los vendedores, bien en armerías o por internet, cuenten con licencia federal. Pero Obama va a ser cauto. Actuar al margen del legislativo tiene sus riesgos, ya que el poder de las órdenes ejecutivas del presidente se presta a distintas interpretaciones legales.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró ayer que el presidente sólo hará «cambios de los que esté convencido que son constitucionales». La semana de consultas con expertos puede ser insuficiente y algunos sitúan el anuncio de las medidas en el discurso de la Unión del 12 de enero. Los republicanos, lanzados ya en la carrera electoral, han salido en tromba denunciando que el presidente se excedería si modifica la actual legislación con medidas que fueron rechazadas por el Congreso en 2013. Y avisan, unánimes: derogarán cualquier orden o norma nueva que apruebe el presidente.

En su comparecencia ante los medios, Obama se mostró prudente. El presidente aseguró los cambios que se hagan «serán consistentes en el respeto a la Segunda Enmienda» de la Constitución, que reza que «el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido».

Ayer, Obama y Lynch intercambiaron impresiones e información. La fiscal general aportó al presidente su opinión técnica de hasta dónde se puede llegar en la limitación legal de las armas de fuego. De momento, se estudia también cómo reforzar la revisión de antecedentes de los compradores y un registro más eficaz de las armas perdidas o robadas cuando son vendidas. En su última alocución, Obama arremetió contra el Congreso, por «no hacer nada» frente a la sangría de numerosos tiroteos. Ayer, su portavoz recordó que lo que pretende la orden ejecutiva es «salvar vidas».

Enfrente, los aspirantes a la nominación en la carrera republicana no dejan resquicio a la duda. Donald Trump acusó a Obama de «usar órdenes ejecutivas para todo, en este caso para ir contra la Segunda Enmienda» La Constitución recoge el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Además, anunció que echará abajo la orden «desde el minuto uno como presidente» Entre los considerados republicanos más moderados, también hay unanimidad. A las puertas de los caucus de Iowa, el senador Marco Rubio tildó la orden de «inconstitucional» y también prometió retirarla. El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, la calificó de «inapropiada» y negó que hubiera un «vacío legal» con las armas. Y Chris Christie llamó a Obama «niño petulante» y aseguró que «la Justicia rechazará su orden».

A favor y en contra

Detrás del choque estrictamente partidista emerge una batalla inédita, que enfrenta a dos bandos. Hasta ahora sólo los partidarios de mantener el actual estatus, favorable a las armas de fuego, contaban con un «lobby», como la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que en 2015 destinó más de 32 millones de dólares (unos 29,5 millones de euros) a su campaña de propaganda. Desde hace apenas un par de años, el ex alcalde de Nueva York y empresario Michael R. Bloomberg se ha sumado a la causa contraria, la de la limitación de las armas, aportando decenas de millones de dólares. Sus campañas, para las que ha mantenido contactos con el propio Obama y que impulsan en la calle movimientos civiles, han logrado éxitos recientes en estados del este, como Connecticut o Delaware, y están más cerca del objetivo en Nevada y Maine.