El PP compara la comisión de investigación anulada a Carmena y la de la Asamblea

El PP de la Asamblea de Madrid se ha congratulado de que un juez haya anulado la comisión de investigación que puso en marcha en el Ayuntamiento de Madrid la alcaldesa Manuela Carmena, y en la que se analizaba la gestión de los anteriores alcaldes populares. El portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha enviado un comunicado en el que celebra la decisión judicial que «ha dado la razón a los compañeros del grupo municipal» en el Ayuntamiento. De paso, ha trazado similitudes entre la comisión ahora anulada y la que funciona, con el mismo objetivo de control de pasadas gestiones, en el Parlamento regional.

En el caso de la Asamblea, la comisión de investigación -que se reune precisamente este viernes- investiga los gobiernos regionales de Aguirre e Ignacio González.

«Salvando las evidentes diferencias entre una Corporación municipal y un Parlamento autonómico, nos preocupa que la Comisión de investigación sobre posible corrupción en la Comunidad de Madrid, constituida en otoño de 2015 en la Asamblea de Madrid, no tenga todas las garantías jurídicas que se le presuponen», ha manifestado Ossorio.

Según Ossorio, «el Grupo Popular y el Gobierno de la Comunidad están claramente comprometidos con la transparencia y la regeneración política, y por hemos manifestado siempre nuestra plena disposición a que se investigue cualquier asunto concreto respecto del que hubiera dudas sobre su legalidad, y esa postura sigue intacta», ha añadido el portavoz del PP en el Parlamento madrileño.

«Pero ya manifestamos en un principio que, aunque no nos oponíamos a su creación, la falta de concreción en el objeto podía suponer que esta Comisión fuera una causa general contra el PP de Madrid», ha argumentado el portavoz popular.

El diputado popular Alfonso Serrano, que participa en la comisión de investigación de la Asamblea, ha recordado que mientras la comisión del Ayuntamiento -que ha sido anulada por un juez- puede ser recurrida ante el Contencioso, en el caso de la Asamblea debería serlo ante una instancia muy superior, al tratarse éste último de un órgano parlamentario. Por ello, se ha preguntado qué pasaría «si un tribunal decidiera, por los motivos que fuera, que (la comisión) es nula porque no se ajusta a una causa general, ya que el reglamento habla de un asunto, y se tirara por tierra todo el trabajo realizado».

«Sería algo tremendo, porque aquí se le obliga a la gente a venir, se ha juzgado su honradez, se ha prejuzgado... A nosotros nos preocupa que pudiera pasar eso o que un compareciente pide amparo al Constitucional porque pueda pensar que está participando en una comisión que es nula», ha esgrimido.

De ahí que el parlamentario popular plantee al resto de los grupos que piensen en el impacto que tiene la sentencia sobre la comisión de investigación municipal. «No sé si es oportuno pedir a los servicios jurídicos de esta Cámara un informe, porque la sentencia hace referencia a jurisprudencia sobre la posibilidad de hacer causas generales. A lo mejor es oportuno pedirlo para trabajar con mayores garantías», ha agregado.

Ha aclarado que el grupo popular no quiere que se paralicen los trabajos de la comisión y que no van recurrir a la Justicia porque «no tiene nada que esconder y está encantados de que se investigue cualquier tema». Eso sí, ha pedido proteger las garantías jurídicas de los comparecientes, «porque aquí vienen gente imputada y hasta en la cárcel», en alusión al exconsejero regional, Francisco Granados.

«Vamos a esperar a ver si el grupo parlamentario considera que hay que pedir ese informe jurídico, y si los otros grupos lo ven bien o quieren seguir funcionando como un rodillo y que haya ciertas inseguridades», ha apostillado.