Operación Chamartín: medio millón de ciudadanos, en vía muerta

Entre un suelo de sintasol sobre la arena y tejados de escombros, la matriarca del desconocido poblado chabolista de Fuencarral, María Jesús Vargas, confiesa que nada ha cambiado. Ni con el Partido Popular durante los últimos 23 años ni en el último con un «ayuntamiento del cambio». Allí sigue junto a sus 12 hijos y cerca de una veintena de nietos, rodeados de precariedad y una maleza que crece a su antojo dando cobijo a plagas de roedores y reptiles. Los Navarro Vargas tratan de dignificar sus condiciones de vida en un reducto del moribundo desierto que soñaba ser la operación Chamartín. Pero cuesta.

«Nos vino a ver Zapata –el concejal de Fuencarral-El Pardo– el verano pasado y nos dijo que nos realojarían como mucho en tres años.

Desde entonces no sabemos nada. Pero digo yo, cómo nos van a hacer caso a nosotros si hoy mismo –el viernes–, ¿no? le están juzgando por sus cosas», narra dejando asomar una castigada sonrisa.

Ella y los suyos necesitan, según sus cuentas, veinte casas de realojo. Les han hecho tantas promesas como veces se han enfrentado a las órdenes de derribo. Al menos tres. Los 23 años que lleva gestándose el proyecto de la prolongación de la Castellana es justo el tiempo que le ha servido a María Jesús para buscarse la vida en este suelo olvidado. Tres infraviviendas ha levantado y dos se las han tumbado. En la actual lleva cerca de una década.

Desconoce esta gran familia que el gobierno de Manuela Carmena puso punto final al proyecto planteado por Distrito Castellana Norte (DCN) –formado por BBVA y el grupo San José– la semana pasada.Solo les interesa salir de ese infierno terrenal. El distrito no facilitó información a ABC sobre el plan de futuro de estas familias.

La inmundicia del cobre

A no más de un kilómetro de distancia de los Navarro Vargas, en la misma calle, la de Antonio Cabezón, se encuentra el agonizante polígono industrial de Malmea, el que promete mantener el actual Ayuntamiento en el proyecto que sustituye al anterior, Madrid Puerta Norte. Salvo algunos vecinos de Begoña, pocos saben indicar dónde se encuentra Malmea. Ni siquiera Google lo indexa.

Según estudios que hizo en su momento DCN, en los 3,1 millones de metros cuadrados del norte de Madrid que esperan convertirse en el plan Chamartín hay nueve edificios de oficinas; ocho están en activo, y uno en desuso. También se mantienen en pie 42 edificios industriales; 30 tienen actividad, nueve están vacíos o abandonados, y tres permanecen ocupados ilegalmente.

Junto a Malmea hay unos muros de ladrillo que ocultan las descubiertas playas de vías ferroviarias que parten la vida y aíslan a más de medio millar de ciudadanos; los que habitan en Fuencarral-El Pardo (232.889 vecinos según el censo oficial de 2015), los de Hortaleza (174.343) y los de Chamartín (141.435). También guarda un cementerio de chatarra que aumenta por momentos: neveras, televisores, torres de ordenador, restos de otros electrodomésticos,... e infinita suciedad. ABC estuvo en julio del año pasado en este mismo lugar y, desde entonces, se ha multiplicado la basura. Son cinco familias búlgaras de etnia gitana las que se dedican a este «negocio» de la chatarra.

A la espera de un acuerdo

Este panorama, en conjunto, genera un deterioro de las condiciones de vida de los barrios limítrofes, sobre todo el de Begoña. También inseguridad y problemas de salubridad por los vertidos incontrolados.

Sobre estos terrenos improductivos, Distrito Castellana Norte (DCN) prometía invertir 4.800 millones de euros durante los 20 años en los que desarrollaría su proyecto. Estimaba crear alrededor de 120.000 empleos.

El desarrollo de esta operación está en coma, a la espera de que las tres Administraciones, Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento, se pongan de acuerdo para impulsar el plan, después de que Manuela Carmena anulara el de DCN y anulara el suyo. Ahora Madrid quiere reducir a la mitad el área urbanizable (1,7 millones de metros cuadrados respecto a los 3,1 iniciales) y construir poco más de una tercera parte de las viviendas –4.600 frente a 17.000–.

Ana Pastor, ministra de Fomento, Cristina Cifuentes, presidenta regional, y el banco BBVA calificaron como « inviable» en términos económicos la versión de Carmena. El próximo miércoles, la ministra en funciones ha convocado a todas las partes implicadas para avanzar sobre este asunto. La alcaldesa de la capital ya comunicó el viernes que no podía ir por «cuestión de agenda». Solicitaron posponerla. El lunes sopesarán si envían a un delegado.