La consulta popular de Carmena solo moviliza al 7,8% del censo

La primera consulta ciudadana de la capital, celebrada entre el 13 y el 19 de febrero, se ha saldado con un ínfimo 7,8 por ciento de participación. Un total de 212.208 madrileños, enmarcados en un censo de 2,7 millones, han decidido el futuro de la Gran Vía y la Plaza de España, así como otras cuestiones como la creación de un billete único de transportes, cambiar el nombre del parque de Felipe VI en Valdebebas o los planes de actuación en los distritos de Barajas y San Blas-Canillejas, entre otras. El proceso, con un coste global superior al millón de euros, es duramente criticado por la oposición, que cuestiona su legitimidad democrática y la seguridad y custodia de los votos.

A pesar de las cifras, que en casos como el parque de Felipe VI arrojan un 0,1% de seguimiento, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena presentó ayer los resultados como un «éxito sin paliativos». La portavoz municipal, Rita Maestre, dio cuenta sobre los datos del escrutinio a primera hora del día, acompañada por el edil de Transparencia y Participación Ciudadana, Pablo Soto; el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y el delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui. Exultantes, basaron su argumento en que la participación se ha multiplicado por cinco en comparación con los presupuestos participativos de 2016, en los que apenas se llegó a los 45.000 votos. «Ahora hay más democracia en Madrid», valoraron.

«Es susceptible de fraude»

El entusiasmo indisimulado de los ediles de Ahora Madrid contrastó con las dudas planteadas en el Pleno por los grupos municipales del PP y Ciudadanos. Ambas formaciones, como ya hicieron durante los días en los que se desarrolló la consulta, centraron sus críticas en las sospechas de ilegalidad que despierta el proceso, además de cuestionar su legitimidad democrática. «Los madrileños no han visto con ninguna garantía sin han votado de forma telemática o por correo... Esto es susceptible de fraude», denunció Silvia Saavedra, concejal de la formación naranja. Reprochó, además, que la contrata encargada del recuento de los votos sea afín a Podemos: «La empresa, como el partido, se está poniendo morada».

El ataque popular, aunque también destacó esta presunta irregularidad, se centró en lo que consideran una «pantomima» para «erosionar la democracia representativa». La portavoz del grupo popular, Esperanza Aguirre, ironizó sobre el valor de los más de 200.000 votos, con un paralelismo con sus seguidores en Twitter: «Todo esto de la participación es una trampa que utilizan los populistas para confundir a los ciudadanos, que pierden su fe en la democracia y pongan su confianza en caudillos como Chávez, Perón o Maduro», dijo durante su intervención tras reprochar a Manuela Carmena que no participara en una comparecencia, aunque así se pidió.

Como informó ABC, la consulta ciudadana despertó desde el inicio algunas cuestiones controvertidas, habida cuenta de que las preguntas no plantean en ningún caso el rechazo a las medidas propuestas. Además, la ausencia de interventores del resto de grupos municipales cuestiona la imparcialidad del recuento, supeditada a la buena fe de los voluntarios. En el caso del voto por correo, que supone más del 50% de los votos, incluso se puede suplantar la identidad de otro empadronado en la capital, siempre que sea mayor de 16 años. Ciudadanos presentará hoy una moción de urgencia en el Pleno para que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) informe sobre la custodia y manejo de los datos personales protegidos.

La ofensiva, no obstante, no fue secundada por el grupo municipal socialista, que en boca de su portavoz, Purificación Causapié, alabó la consulta: «Hace que esta democracia sea más democracia». No obstante, alegó algunas reticencias por cuestiones que «no son competencia de este Ayuntamiento», como el billete intermodal.

Mayores de 65 años

Los más de 200.000 participantes en el proceso suponen un volumen total de votos de 950.015 papeletas, relativas a las diferentes cuestiones. Ese 7,8% del censo dijo sí a prácticamente todas las preguntas formuladas, como la ampliación de las aceras de la Gran Vía, la mejora de las plazas aledañas a la avenida, el incremento de pasos de peatones y priorizar el transporte público colectivo en la zona. Además, 194.084 (94,01%) madrileños apoyaron la creación un billete único intermodal para el trasnporte y 184.072 (89,16%) están de acuerdo con la idea de construir un Madrid 100% Sostenible, a propuesta de la plataforma Alianza por el Clima. No obstante, la implantación del billete no es una competencia municipal, sino que deberá elevarse al Consorcio Regional de Transportes.

Según explicó Pablo Soto, «cerebro» de todo el proceso, la mayor participación ha sido de los madrileños mayores de 65 años, que suponen un 16,32% del monto total. De la misma forma que en todos los participantes mayores de 40 años, el canal elegido fue el voto por correo. «Hemos eliminado la brecha digital», celebró el edil de Participación Ciudadana. El recuento, que ayer aún estaba al 99% (después de una semana), refleja también una mayor implicación de las mujeres, con 107.627 papeletas, en contra de los 104.295 de los hombres.

La consulta ciudadana, presupuestada inicialmente en 600.000 euros, finalmente se ha disparado hasta un total de 1,1 millón de euros. Entre los gastos, más de 146.000 euros han ido a parar a la impresión de sobres y cartas y casi 385.000 euros a su envío y respuesta. La campaña de publicidad, reflejo de la enorme apuesta del equipo de Gobierno por este proceso, ha costado 350.000 euros, según fuentes del Ayuntamiento de la capital.

La semana que ha durado el escrutinio de los votos también refleja otra de las debilidades de la iniciativa. De hecho, Rita Maestre reconoció el pasado jueves que estaban «desbordados». Fuentes municipales explicaron a este periódico que hoy sacarán adelante una proposición conjunta con el PSOE para elaborar una comisión que trate las fortalezas y debilidades de la consulta popular. Entre las primeras cuestiones se baraja concentrar toda la votación en un solo día y no en seis como ahora, además de tratar de informatizar los votos. El Consistorio, que se fijará en modelos de otros países como Estados Unidos, prevé tener un borrador en tres meses.