La Xunta pagará las ayudas aunque la justicia no pruebe la intencionalidad

Todos los gallegos damnificados por la ola de incendios podrán percibir las ayudas de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo lo aclaró ayer, después de que el primer decreto que regula las subvenciones supeditara su concesión a la existencia probada de intencionalidad en los fuegos. «Es una cláusula de estilo», matizó ayer el presidente del Gobierno gallego al término de la reunión semana de su equipo. «Las vamos a abonar con independencia de que exista una sentencia firme o no». La Xunta y la justicia transitan por caminos separados. Al margen de las investigaciones puestas en marcha, tanto las familias de las cuatro víctimas mortales como los cientos de afectados por las llamas recibirán el ingreso «en cuanto los soliciten», precisó Feijóo. El plazo se iniciará el lunes, una vez que el Diario Oficial de Galicia (DOG) haya publicado la orden conjunta aprobada ayer en Consello.

Hasta el momento solo se conocía el trazo grueso de algunas partidas, a medida que cada consellería iba avanzando en cómo resarcir los daños personales y materiales generados durante la crisis forestal. Pero ahora la Xunta aglutina todas las ayudas en un solo decreto. Se repartirán un total de 21 millones, ampliables, y divididos en dos vertientes. Por un lado, 11 millones se pondrán a disposición de los ciudadanos para indemnizar las lesiones, colaborar en la reparación de las viviendas o restaurar los negocios dañados por los incendios. La otra parte, entre 8 y 9 millones, se reservará por completo a la consolidación de los suelos calcinados o para la reforestación de los parques naturales, entre otras inversiones propias del Ejecutivo autonómico.

Las subvenciones de carácter personal correrán a cargo de Facenda, que además de contemplar los casos de fallecimiento o incapacidad permanente, incluirá los supuestos de hospitalización o asistencia médica.

En el apartado material, las líneas de financiación se multiplican. Por ejemplo, se consignarán dos millones de euros para la sustitución del ajuar doméstico y la reconstrucción de las viviendas. Así, el importe para las residencias habituales podrá alcanzar el 100% de los daños, mientras que para los inmuebles de uso ocasional no superará el 40%. Pese a todo, en ninguno de los dos escenarios las ayudas rebasarán el 75% del precio de una casa de protección oficial. Las partidas para vivienda, además, se complementarán con medio millón de euros para el realojo de los afectados.

Aunque la «prioridad» es la atención a los particulares, el Gobierno gallego no quiere dar la espalda a los empresarios y autónomos que vieron cómo en pocas horas el fuego se cebaba con su proyecto. Por ello, presupuestará 600.00 euros para la reparación de los establecimientos comerciales, mercantiles o industriales afectados; así como una serie de préstamos a tipo bonificado para relanzar la actividad. A su disposición tendrán un equipo de asesores vinculados a la Fundación Incybe y las cámaras de comercio.

En el plano rural, las ayudas se disgregan entre la reparación de infraestructuras privadas —como pistas forestales o captaciones de agua—, la cobertura de los gastos de la madera quemada y dinero para compensar la pérdida total o parcial de maquinaria y medios de producción. Sin abandonar el sector primario, la Consellería de Mar dispondrá de un millón de euros para acometer los perjuicios causados por la temida «lava negra». El deporte y el turismo tampoco se escabullen del decreto: la Xunta repondrá la señalización quemada y habilitará 100.000 euros para los clubes y asociaciones deportivas.

El Ejecutivo de Feijóo incide en la necesidad de coordinar esfuerzos entre administraciones, y evitar así que el desembolso de dinero público pierda efectividad. El titular de la Xunta lamentó que su gabinete tenía constancia «por la prensa» de muchos de los siniestros producidos dentro de los ayuntamientos, a quienes emplazó a enviar lo antes posible los informes sobre la evaluación de los daños. Es por ello que Vicepresidencia, el departamento que coordina el contacto con los concellos, Pero no fue la única mención de Feijóo a la colaboración contará con una de las partidas «más importantes» dentro del decreto. local. Fue muy crítico con la decisión de algunos alcaldes de prescindir del servicio de brigada forestal, financiado en parte por las arcas autonómicas. «Es muy difícil escuchar a un alcalde que no tiene medios cuando no quiso ningún medio», censuró.