Leiceaga insta a Feijóo a convocar la OPE pese al «chantaje» de Montoro

Un «chantaje político» del que Alberto Núñez Feijóo actúa como cómplice. Así es como califica el portavoz parlamentario del PSdeG la posición del Gobierno central –secundada por el presidente de la Xunta en la última sesión de control en el Parlamento– de ligar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a la convocatoria de una oferta de empleo público en sanidad y educación de más de 1.600 plazas. Xoaquín Fernández Leiceaga enmendaba ayer la versión de los populares asegurando que existen formas legales que harían que las comunidades autónomas dejasen de ser «rehenes» del «corsé» impuesto por el Ministerio de Hacienda y de las «amenazas» de Cristóbal Montoro.

Según Leiceaga, bastaría con que el Gobierno central aprobase un decreto ley que fije las tasas de reposición para 2017 para desbloquear así las distintas convocatorias autonómicas sin necesidad de esperar a que el Gobierno recabe los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos en el Congreso.

Una fórmula que ya se puso en práctica en el pasado para aprobar, entre otras cuestiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la actualización de la cuantía de las pensiones. Por este motivo, el dirigente socialista denuncia que, si no se pone en marcha en este caso, es por la falta de «voluntad política» del Ejecutivo en Madrid y por la «incapacidad» de Núñez Feijóo a la hora de hacer valer su peso en el partido y reclamar que se aplique esta fórmula.

En todo caso, y mientras no se desbloquee esta situación, el portavoz parlamentario del PSdeG recuerda que el presidente de la Xunta está en disposición de convocar una oferta de empleo público en sanidad y educación ajustándose a la tasa de reposición del año 2016 y que permite cubrir el cien por cien de los puestos de trabajo perdidos por jubilaciones o por fallecimientos. De aprobarse a posteriori una orden complementaria que incluyese nuevas plazas, según Fernández Leiceaga, las consecuencias en el proceso serían «muy escasas» y se limitarían a aplicar un refuerzo en los tribunales de evaluación ante un previsible incremento en las matriculas.

Límite de «tres semanas»

Aunque el presidente de la Xunta situó el mes de abril como fecha límite para aprobar esta convocatoria teniendo en cuenta las fechas del inicio del curso escolar, el portavoz de los socialistas en la Cámara autonómica pide que la convocatoria se efectúe, como máximo, «en tres semanas» para poder garantizar que se cumplen con garantías los plazos estipulados.

«Puede y debe hacerlo en las próximas tres semanas», instó Leiceaga, al tiempo que añadió que el PSdeG «no se conforma» solo con la cobertura del cien por cien de las plazas perdidas, sino que aspiran a que se incrementen por encima de la tasa de reposición los empleos públicos en sanidad y educación como compensación a la «precarización» que vienen sufriendo estos colectivos. «No supondría un incremento del gasto, es solo transformar plazas precarias en empleo estable», apuntó el socialista.

Puy pide «responsabilidad»

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento autonómico, Pedro Puy, volvió a pedirle a los socialistas «responsabilidad» para aprobar los Presupuestos Generales del Estado con su voto favorable en Madrid y señaló que este debate ejemplifica como bloquear las cuentas públicas «tiene consecuencias».

Puy considera que aprobar una oferta de empleo público «sin respaldo normativo» resulta «complicado» en los términos en lo que estaba previsto, por lo que confía en que «se imponga el sentido común» para que los Presupuestos Generales del Estado puedan salir adelante con el mayor apoyo posible por parte del resto de los diferentes grupos políticos.