En el espejo del «agosto negro» de 2006
ABC pone en perspectiva los fuegos de este otoño con la peor ola de los últimos veinte años, que triplicó en superficie la de estos días
Cuando comenzaron los primeros fuegos en aquel agosto de 2006, entre los días 3 y 4, el entonces presidente de la Xunta , Emilio Pérez Touriño, se encontraba de vacaciones. No las suspendió en las primeras jornadas del fuego, cuando se consideró que los focos activos entraban dentro de la rutina de un verano gallego. Asistía a las reuniones diarias del operativo, al frente del cual se encontraba el conselleiro de Medio Rural en aquel bipartito, el nacionalista Alfredo Suárez Canal, y luego retomaba el asueto.
En esos primeros días estaban declarados unos 50 fuegos activos, según recogieron los periódicos gallegos, contra los que actuaban unos 4.700 operarios de extinción entre medios aéreos y terrestres . Para ponerlos en perspectiva, son menos de los que estuvieron el pasado fin de semana luchando contra el fuego criminal y el viento del huracán Ofelia (cifrados por la Xunta en unos 5.500).
En los últimos días de las tareas de extinción, cuando la tragedia regional era ya drama de Estado, se solicitaron medios extraordinarios al Gobierno y varias autonomías: llegaron a actuar en la Galicia de 2006 unos 15.000 efectivos. Países como Portugal, Italia, Francia y Marruecos enviaron efectivos para combatir el fuego porque, desde el Estado, no se daba abasto para sofocar las llamas.
El resultado fueron las ya conocidas 92.000 hectáreas . Ese fue el cálculo del CSIC, porque la Xunta bipartita siempre negó ese dato e intentó minimizarlo hasta las 77.000. Las zonas más castigadas fueron las provincias de La Coruña y Pontevedra. El entorno de Vigo y el Salnés se convirtieron en «zonas cero». Concellos como Soutomaior pasaron a ser desiertos de ceniza y árboles carbonizados.
«Terroristas» incendiarios
Como la política de extinción de incendios correspondía al ala nacionalista del bipartito, el BNG se convirtió en uno de los altavoces políticos que defendieron la gestión de la crisis, que se acabaría llevando por delante unas 92.000 hectáreas según el CSIC. El 6 de agosto de 2006, dos días después del inicio de la ola y del fallecimiento de las dos primeras personas a consecuencia del fuego, el coordinador de la Executiva del BNG, Francisco Jorquera, comparecía en rueda de prensa para señalar a «terroristas medioambientales» que «de forma coordinada» atacaban el país .
Ese día el parte oficial hablaba de un centenar de fuegos activos, sesenta de ellos fuera de control. Jorquera continuaba reconociendo que no existía ningún dispositivo de extinción «suficiente» para aplacar «la especial circunstancia» que atravesaba Galicia aquellos días. «Terrorismo incendiario es mantener una política forestal que convierte Galicia en un polvorín» , tuiteó Ana Pontón el 17 de octubre. Terrorismo de ida y vuelta.
Los del no tan lejano agosto fueron días complejos en lo climatológico. Las condiciones propiciaron lo que se hizo en llamar la tormenta perfecta: más de treinta grados, menos de un treinta por ciento de humedad y vientos superiores a treinta kilómetros por hora. El pasado fin de semana, la cola del huracán Ofelia azotó Galicia con ráfagas persistentemente superiores a los 70 kilómetros por hora , llegando incluso a los 100 en algunos momentos.
Recortes en medios
El 8 de agosto, cuatro días después de que comenzara la pesadilla, llegó el Ejército. No lo había hecho con anterioridad porque el director xeral de Montes del bipartito, Alberte Blanco, no consideró necesaria su presencia para las labores de vigilancia de la conocida como «Operación Centinela». Costaba demasiado, alegó el alto cargo nacionalista.
No fue el único recorte. Como se fue sabiendo a lo largo del mes de agosto, la campaña contraincendios de 2006 se había iniciado con 750 brigadistas menos en los montes, reduciendo a la mitad las 525 parroquias con especial vigilancia. «Se trata de optimizar y racionalizar los recursos», justificó Blanco en abril de ese año. Posteriormente, Medio Rural llegó a acusar a los incendiarios de consultar en su página web qué zonas de la geografía se había desprovisto de vigilancia especial para actuar, como reconocieron a este periódico el 17 de agosto.
Zapatero
La terrorífica cifra de los 150 incendios activos se alcanzó el 9 de agosto . Seis días después del comienzo del infierno, aterrizaron en Galicia los primeros rostros del Gobierno de España. La primera en hacerlo fue la ministra de Medio Ambiente —hoy presidenta del PSOE— Cristina Narbona, que protagonizó algunas de las afirmaciones más desafortunadas de toda la crisis incendiaria.
Primero, acusó a Galicia de albergar más pirómanos que otras comunidades por «el aislamiento de los núcleos rurales y los niveles bajos de desarrollo socioeconómico» , luego atribuyó la autoría de los fuegos a brigadistas despechados por no ser contratados para esa campaña y remató la jugada poniendo encima de la mesa la teoría de «las tramas incendiarias», un recurrente argumento al que se sumarían relevantes cargos del Ejecutivo. Narbona glosó otro término que se ha escuchado igualmente estos días: el «terrorismo forestal» . Primero el BNG y luego el Gobierno del PSOE. Es decir, Núñez Feijóo no podrá pedir copyright a la calificación como «terroristas» de los incendiarios.
En la tarde de ese miércoles 9 de agosto, llegó José Luis Rodríguez Zapatero procedente de Lanzarote —donde estaba de vacaciones— para «asumir responsabilidades» . En la Plaza del Obradoiro, cuando accedía al Pazo de Raxoi, fue recibido con abucheos por los ciudadanos. Su presencia fue un intento de acallar la crítica generalizada al descontrol en la gestión por parte de la Xunta bipartita, mil veces negada por el presidente Touriño.
El peor momento para Zapatero llegaría al día siguiente, cuando quiso visitar una de las zonas arrasadas por el fuego. El lugar escogido fue el monte Gamboa, en Ponte Caldelas (Pontevedra). Zapatero y Touriño inspeccionaron por espacio de tres minutos el entorno, posaron para la prensa que habían trasladado ex profeso en autobús hasta allí y saludaron posteriormente a las unidades militares desplegadas. 300 metros más allá, donde un retén luchaba contra el fuego, no supieron de la visita de los VIPs.
Zapatero ya tenía su foto, tan para olvidar como la desafortunadísima instantánea de Núñez Feijóo intentando aplacar un fuego en el Salnés manguera en mano con mocasines de domingo y ropa de sport, que desde entonces ocupa un lugar destacado en su particular álbum negro.
Vecinos contra el fuego
Una de las críticas lanzadas con más dureza contra la actual Xunta es la desprotección de la ciudadanía, que hubo de salvarse por sí sola de la amenaza del fuego. «Orgulloso de un país que ante la falta de medios defiende el bien común con sus propias manos», colgaba esta semana Luís Villares en sus redes sociales. En 2006 proliferaron las noticias de concellos en los que eran también los vecinos los que, con sus propios medios, suplían el descontrol del operativo del bipartito. Uno de los más ilustrativos fue el de agricultores de Melide que, con sus tractores, abrieron cortafuegos en su concello para evitar que las llamas llegaran a tres plantas de aglomerado asfáltico, un depósito de butano y una industria pirotécnica. La única diferencia es que en 2006 no existía Twitter ni Villares lideraba la oposición.
Parlamento cerrado
Con las 92.000 hectáreas calcinadas y cuatro fallecidos sobre la mesa, la confrontación política llegó inevitablemente al Parlamento. No lo hizo al día siguiente, ni la semana después de que en la tarde del 15 de agosto se dieran por extinguidos todos los fuegos que se habían llevado por delante el diez por ciento de la superficie de la provincia de Pontevedra. La oposición –la única que había entonces, la del PP- tuvo que esperar casi tres semanas hasta que el bipartito decidió protagonizar el debate en la Cámara autonómica.
Touriño no compareció hasta el 5 de septiembre, y en paralelo lo hicieron el resto de miembros de su gobierno para explicar su participación en la lucha contra el fuego. Ana Pontón censuró a Feijóo la pasada semana que vetara un pleno extraordinario sobre los incendios —que el presidente se ha comprometido a celebrar más adelante—, pero en 2006 su organización no veía relevante la urgencia. Ella ya formaba parte del grupo parlamentario nacionalista.
Las críticas del PP que lideraba Alberto Núñez Feijóo se centraron, como era previsible, en Suárez Canal, cuya dimisión fue exigida por el dirigente popular. Desde días antes el vicepresidente Anxo Quintana, máximo responsable del sector nacionalista del gobierno, había dejado claro que «no habría ceses» porque el bipartito «actuó con seriedad y responsabilidad» para hacer frente «a un ataque masivo». Quintana fue muy locuaz aquellos días. En una entrevista con ABC el 19 de agosto, reconocía que «cuando te enfrentas a una guerra, los efectivos nunca son suficientes», y responsabilizaba de los fuegos a «incendiarios profesionalizados» que «sabían lo que hacían». Touriño tampoco contemplaba ceses porque «no es justo, ni reparador, ni oportuno y en nada contribuiría a mejorar la eficacia de la gestión» del operativo.
Pero la explicación era otra más compleja. De los cuatro fallecidos en aquel verano, dos habían sido una pareja de mujeres sorprendidas por el fuego en una pista forestal de Cerdido que debía haber sido cerrada por Protección Civil. Este cuerpo dependía de la Consellería de Presidencia del socialista José Luis Méndez Romeu. El ala nacionalista del bipartito estaba dispuesta a aceptar la dimisión de Suárez Canal —él mismo llegó a reconocer que la presentó— siempre que el PSOE compartiera las responsabilidades y forzara la salida de Méndez Romeu. Como Touriño jamás se planteó siquiera transigir con tal exigencia, el Bloque se cerró igualmente en banda y Suárez Canal dio marcha atrás a su dimisión. Habían ardido 92.000 hectáreas y fallecido cuatro personas pero en la Xunta no dimitió nadie.
De vuelta a 2017, esta semana, Ana Pontón ha vuelto a exigir a Feijóo «responsabilidades» por los incendios.
«Nunca Máis»
Capítulo aparte merecen las movilizaciones en la calle. Con Galicia ardiendo por los cuatro costados en aquel verano de 2006, a 12 de agosto no se tenía noticias de «Nunca Máis», la plataforma que tanta actividad había tenido contra el gobierno de Fraga por la tragedia del «Prestige». Tan estruendoso fue su silencio que no les quedó más remedio que salir a la calle, pero el 20 de agosto, con los incendios apagados, en una manifestación que no fue contra la Xunta bipartita, sino contra las políticas forestales del PP que llevaba más de un año fuera de San Caetano.
Es más, en la movilización del 20 de agosto no había pancartas contra el gobierno gallego, y cuando miembros de la organización independentista Briga irrumpieron por su cuenta en la Plaza de la Quintana con carteles con rostros de políticos —entre ellos Touriño, Quintana y Feijóo— fueron abucheados. Entre los manifestantes de la «marcha oficial» había, dirigentes de PSOE y BNG.
En 2017, BNG y CIG no han esperado veinte días sino que con Galicia todavía ardiendo por el sur y los Ancares, no dudaron en capitalizar la indignación ciudadana para resucitar «Nunca Máis» , aunque estas sí fueron manifestaciones «contra el gobierno del PP», según la cuenta de Twitter del frente nacionalista.
«Las tramas»
Por último, las «tramas incendiarias» . Detrás de los fuegos tenía que haber alguien, insistían desde el bipartito. Suso de Toro, biógrafo de Zapatero y uno de los rostros de la izquierda más mediáticos del momento, atribuyó los incendios al PP por querer «convertir este verano Galicia en un Irak insurgente». Su brillante teoría era que el despecho de perder la Xunta había movido a los conservadores a pasar al bipartito por la barbacoa. Ese hilo de insinuación fue el que alimentó a los portavoces de «las tramas».
Narbona abrió la espita con su ya mencionada locuacidad e ingenio, pero siguieron tras ella Alfredo Pérez Rubalcaba y el mismísimo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Incluso Touriño se suscribió a la teoría, que se mostró falta de todo fundamento, como acreditó el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela. La atribución de responsabilidades al PP se reavivó cuando se conoció una directriz interna del partido en La Coruña que sugería a sus alcaldes que retrasaran la firma del convenio antiincendios con la Xunta para aquel año.
Este documento, que hizo notable daño político a los populares, fue utilizado por el bipartito para sostener su particular teoría de la conspiración. De ese modo, corría una cortina de humo —y nunca mejor dicho— contra otro de los hechos incontestables de aquel verano: uno de los 62 detenidos como presuntos incendiarios había sido candidato del PSOE en las municipales de 1999 en el concello de Forcarei. El Gobierno ocultó durante cinco días la detención de este sospechoso.
El corolario fue la comisión de estudio por los incendios. El bipartito se cerró en banda a que en el Parlamento se constituyera un órgano de investigación por lo sucedido en aquel verano —la regulación entonces de la Cámara no permitía a la oposición abrirla por iniciativa suya, como ocurre ahora— y la transformó en una de estudio que se remontaba quince años para abarcar también la época de Fraga. El resultado fue el previsible: la culpa fue de todos menos del bipartito.
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