Uno de los detenidos de Causa Galiza en el operativo desplegado recientemente
Uno de los detenidos de Causa Galiza en el operativo desplegado recientemente - EFE
Tribunales

Causa Galiza quiere manifestarse tras ser suspendida por la Justicia

Trata de propagar la ideade que la Audiencia Nacional actuó contra ella por motivos políticos

Santiago Actualizado: Guardar
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Doce días después de su puesta en libertad, Causa Galiza trata de propagar la idea de que la Audiencia Nacional actuó contra ella por motivos políticos y no por su presunta vinculación con la banda terrorista Resistencia Galega, razón por la que el juez Eloy Velasco mantiene imputados a ocho de sus miembros y tomará próximamente declaración a un noveno.

Varios de ellos comparecieron ayer ante la prensa en Vigo para proclamar su «legalidad» pese a las graves acusaciones con que la Justicia les señala, y avanzar que planean una manifestación en Galicia para denunciar dicha situación. Para ello, buscan el auspicio de diversas organizaciones como partidos políticos con representación en el Parlamento autonómico. Joám Peres, uno de los arrestados, anticipó que ya tenían concertada una reunión con BNG, Anova, CUT, FPG, Adega y Verdegaia para informarles de dicho «atropello político y judicial» y buscar con ellos «medidas de respuesta a a luz pública y dentro de la legalidad», apuntaron.

El juez Velasco les imputa, en concreto, delitos de integración en organización terrorista y enaltecimiento del terrorismo, y pese a dejarles en libertad tras declarar en Madrid, les retiró el pasaporte y les prohibió salir de España. A ello se suma la suspensión de la actividad de Causa Galiza —un «proceso de ilegalización encubierta», claman— que van a tratar de parar con un equipo de abogados contratado para este fin, informa Ep. «No existe ningún dato objetivo que permita determinar que desarrollamos actividades ilegales», opinó.

Discurso tergiversado

Arrestados en la «operación Jaro», que se llevó a cabo en puntos de toda la Comunidad, tratan ahora de tergiversar la actuación judicial al enmarcarla en la «profunda crisis del régimen de 1978» y en el «profundo boquete abierto» en Cataluña por el desafío secesionista de Artur Mas.

En ese discurso, disparan contra todas las instituciones legitimas posibles llegando a proferir consignas como «estamos ante un contexto preelectoral donde el españolismo más extremo, PP, PSOE y Ciudadanos, trata de ocultar la inutilidad de su gestión con golpes represivos».

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