Enrique Ortiz, en una imagen de archivo
Enrique Ortiz, en una imagen de archivo - JUAN CARLOS SOLER
TRIBUNALES

Enrique Ortiz se enfrenta a cuatro años de cárcel por un supuesto fraude de seis millones

El empresario y otros cuatro acusados serán juzgados por delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documento mercantil

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Enrique Ortiz se verá de nuevo frente a frente con un juez. El juzgado de lo Penal 1 de Alicante tiene previsto juzgar a partir de mañana al empresario alicantino y otras cuatro personas por un fraude fiscal de más de seis millones de euros cometido supuestamente en una operación con terrenos en la Playa de San Juan hace una década.

La fiscalía pide provisionalmente a los cinco procesados sendas penas de tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, así como de un de año y medio por un delito de falsificación en documento mercantil.

Igualmente, reclama que cada acusado sea multado con 10 millones de euros y pierda la posibilidad de gozar de subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos tanto fiscales como de la Seguridad Social durante otros cinco años.

Los hechos se remontan al ejercicio fiscal de 2005 y fueron denunciados ante la fiscalía de Alicante por la Agencia Estatal Tributaria, que cifró el supuesto fraude fiscal en 6.105.247 euros.

La acusación pública sostiene que tanto Ortiz como su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, se confabularon con el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Miguel Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas para defraudar a Hacienda.

Este presunto fraude se centró en nueve fincas rústicas ubicadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA tenía contabilizadas como «existencias o elementos del activo circulante» y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías.

Sin embargo, la propietaria simuló supuestamente, en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas por un importe total cercano a los 3 millones de euros a fin de contabilizarlas ante Hacienda como «Inmovilizado y beneficiarse así de una deducción fiscal indebida», según las conclusiones de la fiscalía.

La causa fue sobreseída provisionalmente hace unos días para uno de los acusados, Aurelio González Villarejo, porque sufre una enfermedad degenerativa que le impide sentarse en el banquillo de los acusados.

El del mañana es el segundo juicio penal al que se enfrenta Enrique Ortiz después del que afrontó hace más de un año por un delito de tenencia ilícita de armas que fue declarado prescrito, aunque dicha decisión está pendiente de un recurso en la Audiencia Provincial.

El promotor alicantino está siendo investigado en varias causas de corrupción, entre ellas tres ramas del llamado 'caso Brugal' que siguen dos juzgados de Alicante y otro de Orihuela, así como en otra del 'caso Gürtel'.

El juicio por el supuesto fraude fiscal está señalado en principio en tres sesiones para los días 19, 20 y 21 del presente mes, aunque fuentes de la fiscalía han augurado en declaraciones a Efe que la duración será mayor por la cantidad de partes personadas en el proceso y la propia complejidad del caso.

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