El PP valenciano afronta su semana clave

El PP valenciano entra en una semana clave para su futuro. La dirección regional del partido quiere acelerar sus actuaciones ante la situación que se vive en Valencia después de quedar disuelto en la ciudad a raíz de la denominada Operación Taula, derivada del caso Imelsa.

La celebración de la Junta Directiva Regional hacia finales de semana ( la cita se ha venido retrasando) aprobará la solicitud de convocar un congreso extraordinario con espíritu refundacional.

Pero Génova no parece avanzar al mismo ritmo. Aunque ha dado su visto bueno a este congreso, rechazó desde el primer momento el cambio de siglas planteado por Isabel Bonig y los presidentes provinciales para cortar con la imagen de corrupción que arrastra la formación.

Las discrepancias también han surgido en torno a la situación de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Desde el PPCV han presionado a la dirección nacional para que tome medidas al respecto y consideran un error la decisión de blindarla en la Diputación Permanente del Senado mientras se aferra al acta ( aunque seguiría aforada incluso sin estar en este puesto).

La presidenta regional se ha mostrado crítica en sus últimas comparecencias, al pedirle que dé la cara porque «hay claramente una responsabilidad política» en los hechos que se juzgan en el Ayuntamiento de Valencia. Sabe que la renovación del partido, aunque dejó claro que será sin Barberá, no puede ser tan creíble con ella protegida.

La urgencia de esta refundación choca con las prioridades del partido a nivel nacional al depender todo de la conformación del nuevo Gobierno. Una vez resuelto este escenario, Mariano Rajoy tendrá que convocar un congreso nacional, por lo que el del PPCV no tendrá hasta entonces fecha ni contenido. De hecho, todavía no se han pronunciado sobre la petición del sistema de primarias para la elección de los candidatos.

Liderazgo en Valencia

La Junta Directiva también tendrá que servir para tratar de controlar otro de los fuegos más importantes: la gestora en Valencia. La investigación de nueve de los diez concejales en el Ayuntamiento por haber blanqueo de capitales (al haber donado, presuntamente, mil euros para la última campaña que les fueron devueltos en billetes de 500) dejó descabezado al partido en la ciudad sin posibilidad de reacción.

Los ocho que ya han declarado ante el juez mantienen su condición de imputados y, muy probablemente, sea así también con la única edil que queda por comparecer (María Jesús Puchalt), quien lo hará el próximo miércoles.

Bonig dejó claro que se les pediría el acta en el caso de que siguieran como investigados, pero los concejales lo consideran injusto al no existir auto de imputación y estar la causa bajo secreto de sumario. Así, no descartan un plante para pasar a ser no adscritos, una acción con la que tratarían de permanecer en el Ayuntamiento a la espera de que se archivara el caso (opción de la que se muestran convencidos) y «limpiar» así su imagen, ya dañada.

El PP, partido más votado en las últimas elecciones, pasaría a ser residual en el Consistorio, todo dependiendo del número de ediles dispuestos a renunciar. Por ahora, únicamente dos de ellos parecen tener la intención de marcharse, aunque la decisión final será, en todo caso, personal, máxime teniendo en cuenta que se les podría retirar el sueldo.

Todos ellos siguen trabajando de forma normal estos días, con la preparación de las comisiones y del pleno del próximo 25 de febrero, aunque nada es seguro sobre cómo se desarrollará esa jornada.

Los nombres que suenan con más fuerza para la gestora son los de las diputadas nacionales Belén Hoyo y Marta Torrado (que cuentan con el visto bueno de Génova) y el exconseller de Gobernación y diputado Luis Santamaría, el preferido de Bonig.

Aunque este liderazgo sea provisional, tiene la tarea de establecer un nuevo discurso que limpie la imagen de la corrupción y recupere apoyos en una plaza clave, junto a Madrid ( donde también se pondrá una tras gestora la marcha de Esperanza Aguirre), para el PP a nivel nacional.