La mitad de municipios no ha pedido las ayudas para libros a dos días del final del plazo

La ayuda de 200 euros anunciada por la Generalitat para los libros de texto no llegarán a las familias de aquellos municipios que no se adhieran al programa. A dos días de cerrarse el plazo de solicitud de las ayudas por parte de los ayuntamientos (finaliza el próximo viernes), únicamente 256 consistorios de la región han solicitado ya participar en el programa «XarxaLlibres» por vía telemática, según datos oficiales de la Conselleria de Educación. De éstos, 145 pertenecen a la provincia de Valencia, 54 a la de Castellón y 57 a la de Alicante. Una cantidad que supone que 286 localidades (prácticamente la mitad) se quedarían fuera de este programa.

En el caso de que no optaran a estas ayudas en la convocatoria de la Generalitat, no podrían recibir el tercio de la subvención que corresponde a la Administración autonómica ni el que asumen las diputaciones, según confirman desde Educación.

La Conselleria admite que se trata de una cantidad reducida de peticiones, aunque esperan un aumento considerable durante los próximos días. De hecho, tienen prevista una reunión mañana con todos los consistorios para «resolver cualquier duda relacionada con la gestión del programa».

En el caso de muchos ayuntamientos se debe a que ya tienen presupuestada una línea destinada a libros y material escolar, aunque la orden publicada por Educación indica que «aquellos que hayan dado ayudas parciales o totales para esta finalidad, también podrán participar en esta convocatoria». Solicitar ahora esta subvención supondría un nuevo desembolso en una situación complicada para cuadrar las cuentas municipales, que obligaba también a una modificación presupuestaria.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, aseguró, sin embargo, que apenas una decena de consistorios había mostrado reparos con la medida y que, en todo caso, adelantarían entre Generalitat y diputaciones la cantidad necesaria para cubrir la falta de recursos de los municipios.

Según informaba ayer la Conselleria, en el convenio firmado con la Diputación de Valencia la institución provincial se compronete a contribuir a la financiación con el 33 por ciento de los fondos totales de las ayudas. Esta cantidad, junto a la aportada inicialmente por la Generalitat -otro tercio del total- será transferida a los ayuntamientos participantes, que completarán el importe.

Para poner en marcha el plan, el Consell aprobó el mes pasado la «inyección» de 9,5 millones de euros a una línea destinada al plan a través de las consellerias de Hacienda y Educación, dando el visto bueno a una minoración del crédito en el Servicio de la Deuda por importe de 6,3 millones, así como de determinados programas de la Conselleria de Educación por valor de 3,2 millones.

Los 200 euros están, por tanto, lejos de generalizarse para todas aquellas familias que dispongan de los justificantes de compra. Al menos por ahora, y a la espera de que expire el plazo para sumarse al plan.

Muchos ayuntamientos ven con incertidumbre esta medida pendientes de la reunión con la Conselleria este jueves. Algunos, como Paterna, han enviado un comunicado a las familias para explicar que «están trabajando de forma coordinada» con los centros educativos de la localidad «para facilitar al máximo los trámites e informar convenientemente del programa», y piden a las familias que no acudan con las facturas todavía.

En otras localidades se puede dar la situación de que, si no se suman al programa y el plazo para pedir la ayuda municipal ha expirado, muchas familias no podrán optar a las ayudas. Además, un documento del Consejo General de Secretarios denunció que la medida «colapsará» los ayuntamientos al «sobrepasar» la capacidad de gestión municipal.

Será a partir del 1 de diciembre cuando los consistorios dispondrán de los fondos económicos y establecerán las fechas concretas del cobro de ayudas de los 100 primeros euros.

En las asociaciones de padres hay disparidad de opiniones respecto a la iniciativa. Desde los colectivos que la ven con buenos ojos -aunque con muchas dudas-, hasta aquellas como la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) que la califican como «electoralista y sin fundamento». Su portavoz, Vicente Morro, critica que «desde el primer momento se vendió como gratuita una medida que en realidad no lo es, porque la media de gasto en libros para las familias suele ser, como mínimo, de 250 euros».