Comercio
Un juez abre diligencias contra el alcalde socialista de Alicante por 25 contratos a dedo
Una denuncia del PP destapó el posible fraccionamiento de los trabajos por 189.000 euros para no tener que hacer concurso público
El juzgado de Instrucción 9 de Alicante ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el PP contra el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri , por supuestas irregularidades en la adjudicación de 25 contratos de la Concejalía de Comercio , han confirmado este miércoles a Efe fuentes próximas al caso.
El portavoz del grupo popular en el consistorio alicantino, Luis Barcala , ha sido citado el próximo 6 de octubre para ratificar la denuncia ante el juzgado.
El PP sostiene que Echávarri cometió un delito de prevaricación por el presunto fraccionamiento de contratos para la prestación de servicios que suman en total 189.000 euros cuando tenía asignadas las competencias de Comercio.
El pleno municipal acordó solicitar la nulidad de esos expedientes, firmados a finales de 2016, y plantear una consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC ) después de que un jefe de servicio y el interventor municipal determinaran que no podían tramitarse como contratos menores.
Asimismo, decidió crear una comisión de investigación cuyos trabajos ya han finalizado, mientras que el grupo popular denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción .
El pasado 31 de julio, tras escuchar a los técnicos citados en la comisión de investigación municipal, Barcala presentó de nuevo la denuncia ante los juzgados de Alicante, lo que obliga a la fiscalía a abandonar su propia investigación, según fuentes de la acusación pública.
Las diligencias que tramita ahora el juzgado de Instrucción 9 son independientes de otra investigación abierta por la fiscalía en relación al despido de la cuñada de Luis Barcala , una empleada interina de la concejalía de Cultura.
En este caso, la denuncia fue presentada por dos dirigentes vecinales y ha propiciado que este mes sean interrogados el concejal de Recursos Humanos , el también socialista Carlos Giménez , y un técnico del área de Comercio, quien ha comparecido este martes ante el fiscal que lleva el caso.
Según fuentes jurídicas, tanto Giménez como el técnico han atribuido a Echávarri la decisión de despedir a la trabajadora, que fue readmitida sin embargo días más tarde en su mismo puesto por recomendación del pleno del ayuntamiento.
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