El Gobierno valenciano liquida la ley que daba ayudas a las embarazadas sin recursos para evitar abortos

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este miércoles la ley por la que se deroga la norma de protección a la maternidad elaborada por anteriores gobiernos del PP y que fue eliminada en el pasado pleno de las Corts Valencianes, con la oposición de los 'populares'.

La norma establecía ayudas económicas y atención social a las embarazadas y sus hijos para que no optaran por el aborto debido a la ausencia de recursos.

En el texto que recoge el DOGV, de la Presidencia de la Generalitat, se señala que es "absolutamente innecesario el mantenimiento de una ley que constituye una discriminación y una tutorización de las decisiones de las mujeres, que es impropio de un gobierno democrático y respetuoso con las libertades individuales y colectivas".

En esta línea, el actual Gobierno autonómico formado por el PSPV y Compromís apunta que dicha norma -- Ley 6/2009 de 30 de junio-- "ha sido vaciada de contenido y de partida presupuestaria desde hace varios ejercicios, dejándola sin ninguna posibilidad de aplicación; sin poder obviar el hecho de que ya existen otros textos normativos y programas de diferentes consellerias que actúan en las diferentes situaciones en las que se encuentra la mujer embarazada y que, al contrario que la propia ley, son plenamente respetuosos y no interfieren en la libre decisión de las mujeres".

Desde la Generalitat indican en el texto que la norma ya derogada "configuró un marco jurídico en el ámbito de la protección y atención social a la maternidad, incidiendo sobre todo en las mujeres embarazadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social con el objetivo de que, desde la administración pública se asesore y tutorice a la mujer de manera que, independientemente de su opinión, finalice su gestación".

Al respecto, consideran que "desde el poder público no se debería interferir nunca en una decisión que debe corresponder únicamente a la mujer gestante. Lo que sí debe garantizar la administración pública es que tanto en el proceso del embarazo de la mujer como en la decisión que esta tome de manera libre y responsable estén a su disposición todos los servicios sanitarios, de apoyo económico, psicológico o informativos que sean necesarios para un óptimo desarrollo tanto del hijo o hija como, naturalmente, de ella misma".