El entramado de Gürtel: enriquecimiento injusto con fondos públicos mediante amaño de contratos

El grupo Correa utilizaba sus influencias con el PP para «pervertir» los procesos de contratación de la Administración pública valenciana. Las empresas de la trama disponían de la documentación de las ediciones de la feria Fitur antes de que se hiciera pública la convocatoria oficial. La iban preparando, hacían anotaciones a la Conselleria de Turismo para que modificaran algunos aspectos, concurrían y se les adjudicaban las ferias.

Éste es el resumen del funcionamiento del entramado de Gürtel que consta en la primera sentencia del caso conocida este viernes y por la que sus cabecillas (Francisco Correa, Álvaro Perez «El Bigotes» y Pablo Crespo) han sido condenados a trece, doce y trece años de prisión respectivamente.

Según la resolución judicial, las actuaciones fueron llevadas a cabo por los acusados con el fin de obtener -«tras manipular, alterar e influir a su favor en los diversos procedimientos administrativos de adjudicación»- la ejecución de distintos trabajos en la realización de los stands y de la actividad de promoción de la Comunidad Valenciana en diversas ferias de turismo que se han venido celebrando anualmente de manera fundamental en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) entre los años 2005 y 2009.

Ello supuso un posterior «enriquecimiento irregular» obtenido por parte de los acusados, que tras subcontratar la ejecución efectiva de los trabajos a terceros -al carecer completamente de los medios personales y materiales necesarios para ello-, se «lucraron mediante la aplicación de unos márgenes desproporcionados, la duplicación de partidas y la inclusión de partidas inexistentes, que le son admitidos por la Administración Autonómica sin llevar a cabo un control efectivo».

Estas actuaciones son llevadas a cabo mediante un grupo de empresas creado por el acusado Francisco Correa Sánchez, radicado en Madrid y conocido bajo la denominación de «FCS GROUP», a través del cual se logra enmascarar la identidad de las personas que realmente están contratando y el destino de los fondos obtenidos. También podría servirse de empresas del grupo con el fin de encarecer costos ocultando el hecho de que en ocasiones se están subcontratando a sí mismos antes de que un tercero ejecute materialmente las obras o proporcione determinados suministros.

Correa contó, según consta en la sentencia, con la directa colaboración de Pablo Crespo, que llegó a tener un importante número de participaciones sociales dentro del grupo. Mientras el primero «se ocupaba de la obtención de negocio y sus relaciones con terceros», el segundo dirigía, con una amplia autonomía, la faceta administrativa del grupo, encargándose de las cuentas y de la dirección de personal «en orden a la obtención del aludido beneficio irregular».

El negocio se traslada a Valencia

En un momento dado, los acusados deciden trasladar parte de su negocio a Valencia, para lo cual «se valen de la estructura empresarial que ya tenían constituida en Madrid y, a la par, radican en la ciudad de Valencia la empresa Orange Market S.L. con el fin de que llevara a cabo y personalizara toda la contratación irregular dentro de la Comunidad».

Sirviendo de enlace con el resto del grupo, continúa la resolución judicial, Isabel Jordán lleva a cabo una labor de intermediación a través de la empresa Easy Concept S.L., la cual supuestamente ejecuta los trabajos contratando con terceros y elabora las correspondientes hojas de costes que son posteriormente aprobadas por Correa y Crespo. También se encarga, con la intervención de los acusados vinculados a Orange Market, «de llevar a cabo los actos preparatorios tendentes a la obtención irregular de los concursos».

Ávaro Pérez «El Bigotes» es quien, según la sentencia, asume el papel rector de Orange Market. «Bajo la supervisión de Correa y Crespo, aprovechando sus contactos dentro del ámbito de la Comunidad, es quien se encarga de la obtención de los diferentes contratos». En definitiva, «de organizar en connivencia con el personal de la Generalitat las diferentes manipulaciones que constituyen el objeto del presente proceso».

Por último, los acusados Mónica Magariños Pérez y Cándido Herrero Martínez, en diferentes etapas, aparecen como apoderados de esta sociedad llegando a ser titulares de diferentes participaciones sociales de la misma. Ambos se encargan del tema administrativo y contable sirviendo a la par de enlace entre la estructura de Madrid y el personal de la Agencia Valenciana de Turismo con el objetivo de «lograr materialmente la realización de las manipulaciones y alteraciones precisas para la obtención de los diferentes contratos y la satisfacción de los supuestos costes de los mismos».

Alteración de los criterios de adjudicación

En cuanto a la Conselleria de Turismo, ésta nació en agosto de 2004 y el organismo estuvo presidido desde el comienzo por Milagrosa Martínez (condenada a nueve años de prisión), a quien sustituyó en junio de 2008 Angélica Such (absuelta).

Con la llegada de Milagrosa Martínez a Turismo y el nombramiento de su jefe de gabinete, Rafael Betoret, comenzaron los cambios en las ediciones de Fitur y la unificación en un solo contrato tanto del diseño como de la fabricación, montaje, almacenaje y desmontaje del 'stand', «alterándose también los criterios de adjudicación para dar preferencia ahora a los de índole subjetiva».

Desde ese momento, y aprovechando las relaciones de Pérez con Martínez y Betoret -sobre los que el TSJCV considera que existía una relación «fluida y estrecha»-, existió un conocimiento «anticipado y privilegiado» de las condiciones de los concursos de Fitur por parte de la trama y se adaptaron las mismas a su convivencia (mediante correos que lo acreditan).

En total, la trama facturó y ganó lo siguiente: un total de 5.696.428,33 euros de los fondos públicos valencianos, de los cuales 23.733,60 euros los cobraron de manera indirecta mediante una comisión de un catering. De esta cantidad, 1.937.957,98 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 276.812,68 a sobrecostes o duplicidades durante las ediciones de Fitur de 2005 a 2009.