PRESUNTA CORRUPCIÓN

Cuatro detenidos por irregularidades urbanísticas en la «trama del fuego», en libertad con cargos

Un exasesor del entonces conseller Rafael Blasco y tres empresarios están investigados por beneficiarse de contratos para la extinción de incendios y la tramitación de varios PAI

El exconseller Rafael Blasco, en cuyo departamento se investigan las presuntas irregularidades
El exconseller Rafael Blasco, en cuyo departamento se investigan las presuntas irregularidades - ROBER SOLSONA

Un exasesor del exconseller de Territorio y Sanidad Rafael Blasco y tres empresarios detenidos este martes por presuntas irregularidades urbanísticas en la tramitación de Programas de Actuación Integrada (PAI), dentro de la causa de la denominada «trama del fuego», han quedado en libertad con cargos, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

Se trata de los empresarios Jesús Domingo, Domingo Muñoz y Miguel Ángel San José Calabuig, y de Jesús Garrido, exasesor del exconseller encarcelado por un fraude de subvenciones al Tercer Mundo, Rafael Blasco, tal y como se recoge en un auto dictado este lunes.

Estas cuatro personas estaban siendo investigadas hace meses en una de las cinco piezas de la «trama del fuego» y se les atribuían, en diferentes grados, un delito continuado de cohecho, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales y de falsedad en documento público. Estos mismos cargos son los que mantienen tras haber sido detenidos y haber comparecido ante la Policía.

La investigación de esta pieza está a cargo del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), donde actualmente también se instruye, dentro de esta trama, otra parte por un delito contra la Hacienda Pública del grupo Avialsa; y otra relacionada con el aeródromo de Viver. Sin embargo, la pieza relacionada con los contratos de extinción de incendios que afecta al exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Serafín Castellano se remitirá a la Audiencia Nacional; y el juez también ha enviado a un juzgado de Valencia una pieza relacionada con Castellano y la empresa Taroncher.

Respecto a la pieza de irregularidades urbanísticas, y según consta en el auto, se investiga si excargos públicos -el exalcalde de Quartell por el PP Francisco Huguet y el exvicealcalde Emilio Mañez- beneficiaron a empresarios --los tres arrestados, el empresario de Avialsa Vicente Huerta y el exgerente Francisco Alandí-- con la adjudicación de PAI a cambio de regalos o de inmuebles y plazas de garaje vendidos a un precio inferior a su coste real.

Se investigan diferentes PAI como el del Polígono Industrial La Foya de Quartell; el del Sector Industrial de la Alquería Blanca de la misma localidad; el PAI Residencial Alfara; el PAI Nova Alfara; el Proyecto de Reparcelación Forzosa Sectores S1 y S3 Alfara de Algimia; y el PAI Quartell-Prodaemi.

Mordidas para viviendas

Como ejemplo de la manera de funcionar de estos investigados, se encuentra el PAI de la Alquería Blanca de Quartell, adjudicado a una empresa de Jesús Domingo. Tras esta adjudicación, el entonces alcalde -Huguet- y su mujer adquirieron de esta mercantil una vivienda unifamiliar en Sagunto, en cuya escritura se fijó el precio de compraventa por importe de 275.369,45 euros, al tiempo que se determinó que en mayo de 2006 se pagaron 90.000 euros, sin que se determinase cómo.

En el contrato privado de compra-venta se fijó el precio de la vivienda en 329.354,63 euros, sin IVA, y este documento fue hallado con ocasión de la entrada y registro que se practicó en el domicilio de Huguet. Sin embargo, el precio que se fijó en la escritura de compraventa fue finalmente de 257.354,63 euros, es decir, una rebaja de 72.011 euros.

Además, en lo que concierne a la comparativa con una vivienda adosada similar a la adquirida por parte de Huguet, se fijó un importe de transmisión en la escritura de 348.688,23 euros.

Y la misma operativa siguió Mañez, quien en junio de 2007 adquirió junto a su esposa una vivienda unifamiliar en Sagunto, por 276.279,94 euros, si bien se determinó que 40.500 euros fueron pagados en efectivo el día 22 de junio de 2005, otros 90.000 euros fueron ingresados en la cuenta de la vendedora, y los restantes 145.779 mediante dos cheques. Sin embargo, no existe ningún recibí en cuanto a la entrega de 40.500 euros.

De ambas escrituras, la de Huguet y la de Mañez, existen, "como es obvio", señala el juez, indicios de que no se llegaron a satisfacer las cantidades mencionadas -los 90.000 euros de Huguet y los 40.500 euros de Mañez- con ocasión del PAI que le fue concedido por el Ayuntamiento de Quartell a la empresa de Domingo.

Comisión por mediar

Respecto al papel que jugó el exasesor de Blasco en la extinta Conselleria de Territorio, el juez lo nombra en el PAI Nova Alfara, que se cedió por parte de la UTE Nova Alfara a la mercantil Prodaemi, de San José de Calabuig, por un montante de 6.200.000 euros más IVA, respecto de la cual Avitractor había percibido la cantidad de 1.550.000 euros.

En esta cesión se menciona la intervención de Jesús Garrido, quien supuestamente obtuvo una comisión por intermediar en la adjudicación de este PAI. Además, adquirió una vivienda a través de una sociedad suya en Valencia, cuyo promotor era Prodaemi, tal y como se recoge en el auto judicial consultado por Europa Press.

Según contempla el magistrado, la adquisición de la vivienda "no tiene más que fines dirigidos a facilitar por parte de Jesús Garrido la aprobación del PAI a favor de Prodaemi dada su condición de personal de confianza de la Generalitat Valenciana".

Toda la actualidad en portada
publicidad

comentarios