La Comunidad Valenciana recupera la televisión pública tres años después de cerrarla

Tres años después del cese de las emisiones de RTVV, la Comunidad Valenciana volverá a contar con una televisión pública autonómica. El pleno de Las Cortes ha aprobado este jueves, con la abstención del PP y el voto favorable del PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos, la ley de servicio público que permitirá poner en marcha la nueva corporación.

Un largo debate después de unas extensas negociaciones ha acabado finalmente con ningún voto en contra. En él han participado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra y el conseller de Educación, Vicent Marzà (él unico presente), además de los diputados de los diferentes grupos.

Los populares han justificado su abstención en que la norma coincide al 90% con la anterior promulgada en 2012, pero es «no consensuada, imprudente, no meditada, incorrecta e interesada».

En este sentido, sus críticas se han dirigido durante los últimos meses a que el Consell no ha justificado cómo va a pagar la reapertura de RTVV pese a la situación económica de la Comunidad Valenciana y les acusa de haber abandonado su prioridad de rescatar personas «para rescatarse a sí mismos» con el nuevo ente, que les permitirá comunicar mejor y asegurarse de que «la información manipulada sobre la acción de su gobierno llegue a todos los rincones».

La nueva ley crea la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, encargada de la prestación del servicio público audiovisual. Se estructurará en una Presidencia (que se elegirá por convocatoria pública), un Consejo Rector (el máximo órgano de gobierno y administración), una dirección general, un Consejo de Ciudadanía (órgano asesor en materia de programación y de contenido) y un Consejo de Informativos (órgano interno de participación de los profesionales).

Ningún parlamentario se ha aventurado esta vez a poner fecha a las primeras emisiones y remiten a las decisiones que tomen el Consejo Rector y de la Dirección General, aunque la intención es arrancar después del verano con una televisión provisional. Estos órganos también tendrán que decidir sobre la programación, la plantilla y el diseño del ente.

En la norma se han establecido límites de gasto de entre el 0,3 y 0,6 por ciento de aportación de la Generalitat en sus presupuestos, lo que se traduce en una horquilla de 54 y 108 millones de euros.

La televisión contará con una oferta generalista con contenidos destinados a la información, formación y entretenimiento, con un canal específico; una oferta más tematizada para cobertura informativa y de actualidad, también con un canal específico; y otra oferta dedicada al público infantil.

La radiofónica contará con un canal de contenido general y un canal temático dedicado a la promoción de la música y la cultura de producción valenciana.

Plantilla

Uno de los puntos más controvertidos ha sido el relacionado con los extrabajadores, algunos de los cuales han estado presentes en la tribuna de invitados durante todo el pleno pero en silencio y sin aplausos para mostrar su descontento.

En la sesión se ha debatido de nuevo una enmienda de Podemos en la que se proponían medidas para facilitar la incorporación definitiva (no temporal) de estas personas al nuevo ente, la cual finalmente ha sido rechazada por el resto de grupos.

El pasado lunes se acordó en comisión poner en marcha una bolsa de trabajo por méritos (para las contrataciones temporales que existirán hasta que se acometa la provisión definitiva de plazas), donde se valorará de forma directa haber trabajado en la antigua RTVV, haber accedido mediante proceso selectivo y la antigüedad. Sin embargo, no se ha aprobado el acceso diferenciado a los exempleados en el sistema de provisión definitiva, una defensa que ha liderado el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, durante el pleno.

El diputado de Ciudadanos Toni Subiela ha criticado precisamente al tripartito al entender que «el problema de los extrabajadores existe» porque «queda pendiente un recurso de inconstitucionalidad, una demanda en la Audiencia Nacional que puede dar por nulo el anterior ERE» y, ahora, Podemos «quiere crear la posibilidad de una denuncia por una continuidad de empresa». Ante ello, su formación ha planteado una enmienda (también rechazada) para que la ley no entrara en vigor hasta que no haya una sentencia firme sobre el anterior ERE o el Consell haga una previsión del dinero que haría falta para abonar los despidos.

Tanto PSPV como Compromís se han unido en su discurso contra el PP porque «se olvidó del servicio público e impuso un modelo externacionalizador, carísimo y opaco». Además, han incidido en remarcar el día de hoy como el que cierra «una etapa negra» y da paso a otra con unos «medios independientes, sin injerencias de los partidos, en los que el valenciano será la lengua vehicular».