Caso TaulaLas aportaciones de empresas: la clave del posible origen ilícito del dinero para las campañas del PP

Los últimos pronunciamientos del juez encargado del caso Taula, Víctor Gómez, sobre la pieza A -que indaga en el presunto delito electoral y en el de blanqueo en el seno del grupo del PP del Ayuntamiento de Valencia- incluían la clave de la conexión entre todos los hechos que se investigan: el origen ilícito del dinero.

El levantamiento del secreto de sumario de otra de las partes relativa a la supuesta financiación irregular del partido evidencia cómo los investigadores tratan de apuntalar la procedencia de las cantidades con las que se acabaron sufragando varias campañas electorales de los populares en la ciudad.

La instrucción de la causa ha aflorado cómo el grupo municipal contaba con una cuenta opaca sin fiscalizar a través de la cual se realizaron pagos para las elecciones de 2011 y 2015.

En ella se ingresaba el dinero que recogía el supuesto recaudador del PP al que hizo referencia la exsecretaria del grupo Mari Carmen García Fuster en una declaración ante el juez. Posteriormente, la comparencia de un exasesor del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, lo señala a él como responsable de estos movimientos.

A esta misma cuenta también fueron a parar las donaciones de mil euros (en total fueron 50.000) de medio centenar de concejales y asesores que después les habrían sido devueltas en billetes de 500 (hechos por los que se encuentran imputados). Unos billetes cuya procedencia es la que precisamente se trata de averiguar.

Las nuevas indagaciones muestran que las mecánicas ilegales se podrían haber producido igualmente en 2007. En este caso se trata de aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones a Laterne Product Council (LPC), la empresa encargada de los eventos de promoción política para la candidatura municipal del PP de Valencia. El coste oficial de los gastos electorales era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los tres millones de euros.

Uno de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basado en la documentación entregada a la Fiscalía por Jesús Gordillo (exasesor de Grau) a través del diario Valencia Plaza destaca cómo en estos papeles se relacionan determinados gastos en los que habría incurrido Laterne por servicios contratados. Éstos procederían de asociaciones, fundaciones y terceras empresas, «sin que hasta la fecha haya constancia de que el grupo municipal del PP que habría contratado esos servicios realice pago alguno a Laterne».

En uno de los documentos se detalla un balance general de los gastos asumidos por LPC en la gestión de la campaña electoral y de los pagos recibidos de terceras empresas y fundaciones. Estos últimos son «expresados en términos de aportaciones» y se desconoce «si se corresponden con una efectiva relación de prestación de servicios entre empresas», señala la Guardia Civil.

Las sospechas se centran en la Fundación Turismo Valencia, Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo pudieron haberse hecho cargo de las deudas del partido con Laterne. Las investigaciones también se dirigen a las empresas Lubasa, Nou Litoral, FCC, Sociedad Agricultores de la Vega, Contratas Prieto, Construcciones Nagres, Secopsa, Balestesa Valencia, PKL Real Estate, Urbana Ducat, Pavasal, BSB Publicidad, Marina Clara, Xilxes Golf Resort, Construcciones Luján, Prodese Edival, Agora Patrimonial, Edificaciones Prieto, Inmotec, Rover Alcisa o Aprico, muchas de ellas adjudicatarias del consistorio valenciano.

El delito «continuado» en el tiempo

Tanto el fiscal como el juez ven un posible delito continuado. El primero entiende que se trataba de una «dinámica delictiva» canalizada a través del grupo municipal del PP en el Consistorio en la que existe «una manifiesta continuidad»: «Lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos que confluyen».

El magistrado se pronuncia en la misma línea. Estos hechos, en su opinión, además de poder integrar delitos autónomos, en principio conexos, de malversación y cohecho, son igualmente indicativos de un posible «delito electoral encadenado en términos de continuidad» con los ya investigados correspondientes a las elecciones de 2011 y 2015. Asimismo, podrían guardar relación y ofrecer información relevante acerca de las fuentes de financiación del grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, en relación con el delito de blanqueo que afecta a los concejales y asesores. Esta investigación, por tanto, complementaría lo hasta ahora instruido y permite indagar en el origen ilícito del dinero que se usó para las campañas de Rita Barberá.

La situación de los concejales

Una línea en la que el juez ya se pronunció al rechazar la petición de archivo de los ediles y asesores, cuyas defensas tratan de eludir su implicación en toda esta mecánica. En el auto se refirió precisamente a la pieza cuyo secreto se levantó este lunes. «Lo que está en curso de investigación son hechos relativos a la posible procedencia delictiva del dinero blanqueado o de la fuente de recursos económicos clandestinos, ilícitos y de posible origen criminal de donde salieron esos 50.000 euros. El delito antecedente o la actividad delictiva previa no es sino un elemento integrante más del delito de blanqueo, lo que parece que algunas partes no quieren asumir».

En este punto, aclaraba: «Aquí no se están investigando 49 delitos de blanqueo de capitales, sino un solo delito de blanqueo de 50.000 euros en el que a 49 personas se les puede atribuir, de momento, indicios racionales de posible participación en su comisión».

El juez criticaba también las actitudes de las defensas de los concejales. Algunas de ellas, en su opinión, están tratando de dar «un valor excluyente, definitivo, que no procede aquí, al hecho de que no se haya podido demostrar, positivamente, respecto de sus patrocinados, ni el supuesto conocimiento de la finalidad delictiva de esta aportación ni el reintegro ni el ingreso en su cuenta». Pero «no debemos olvidar», insistía en su escrito, «que la dinámina comisiva del delito de blanqueo conlleva, precisamente, las notas de opacidad y de ocultación de la suma reintegrada, de inactividad simuladora, en suma, que son consustanciales al tipo».